Los trabajadores de la fábrica de cemento de Lloseta aseguran en una misiva enviada al conseller de Trabajo, Iago Negueruela, que hasta el 30 de septiembre de este año los beneficios de la empresa "son de tres millones de euros", tres millones menos que la previsión inicial, lo que demuestra que la planta "no tiene pérdidas, sino falta de ganancias respecto a las previstas".

La plantilla asegura que los movimientos de la multinacional en los últimos dos años "llevan a pensar que la decisión (del cierre de la producción) estaba tomada". "Se han dado instrucciones claras para seguir marchando durante los dos últimos dos años para poder demostrar a día de hoy números malos para justificar el cierre", lamentan. Así, explican que el año 2016 "fue positivo en números de productividad", al igual que los años anteriores. No obstante, la producción de 2017 fue inferior porque se produjeron muchos gastos supérfluos (desplazamientos, hoteles o dietas para altos cargos de la multinacional) que "aumentaron los costes de producción". También "se incentivó el rendimiento del horno mediante fuel y se suprimió casi por completo el uso de combustible alternativo".

En la carta, explican que en 2018 estaba prevista la instalación de unos fondos móviles para mejorar la productividad mediante alternos, aunque esta inversión "ha ido a los costes de Lloseta" pero "se ha montado en otra planta sin que se nos diera explicación alguna". Los trabajadores señalan que "se han recibido instrucciones muy claras de cómo llevar el horno a los panelistas por parte de la dirección, cuando dichas personas veían claramente que no era la forma de sacar productividad". Recuerdan que entre 2011 y 2012 la fábrica "consiguió quemar más combustible alternativo que combustible fósil", una tendencia que ha vuelto a invertirse en la actualidad.

Los trabajadores están convencidos de que "la fábrica es rentable y eficiente" y que "el cierre no está jutificado". A su entender, si la fábrica de Lloseta "cierra y se queda como punto de venta, que es la voluntad de la compañía, se producirán daños colaterales además de pérdida de empleo", ya que el "coste en toneladas de CO2 aumentará de forma importante" debido al tráfico de camiones, que "aumentará en 120 trayectos de camión por semana respecto a la actualidad". También señalan que la planta debería desmantelarse si se deja sin actividad para eliminar el impacto visual de la instalación.