El ayuntamiento de ses Salines ha renunciado definitivamente a reclamar 100.000 euros al arquitecto Toni Campins. En verano de 2017, tal y como avanzó Diario de Mallorca, el consistorio inició los trámites para exigirle esta cantidad "por los perjuicios causados a raíz de las modificaciones unilaterales que hizo del proyecto del aparcamiento de la escuela pública de la Colònia de Sant Jordi".
No obstante, recientemente el consistorio saliner ha decidido no reclamarle el dinero "porque con mucho esfuerzo se consiguió no perder la subvención de Espais de Natura".
Esta controvertida iniciativa de aparcamiento fue impulsada en la pasada legislatura 2011-2015. Un informe del Govern advirtió de que las obras no se ejecutaron conforme al proyecto presentado: "No se ha hecho el muro de hormigón de 50 cm de alto que separe la zona peatonal de la carretera"; "al final del vial asfáltico no se ha hecho la rotonda proyectada"; "la anchura del costado ha cambiado"; "la zona asfaltada ha aumentado de 1.223 a 1.510 m2" y "se pasa de tener doce unidades de farolas a ocho". El presupuesto de unos 160.000 euros pasó a más de 200.000.
El Ayuntamiento llevó a cabo los trámites previos a la reclamación de los mencionados 100.000 euros y pidió un instructor para el expediente al Consell y Govern. No le fue concedido, se paralizó el proceso y el hecho de no perder la subvención de Espais de Natura ha resultado clave de cara a desistir de la demanda al arquitecto Campins.
El caso de las sanciones
Sobre el caso de las polémicas sanciones, por distintos motivos, al arquitecto Campins y a la exaparejadora municipal Rebeca F. Del Rey ya ha habido una resolución, referente a ella. Recientemente, una sentencia del contencioso administrativo ha determinado que la sanción no se ajusta a derecho y que existe "desviación de poder" por parte de la Administración.
En esta línea, "la finalidad de la apertura del expediente y las consiguientes sanciones no tienen por finalidad corregir una conducta inadecuada, sinó apartar a éstos de sus funciones". Se condena a costas al Ayuntamiento.
El consistorio manifiesta al respecto: "Máximo respeto hacia la justicia. No podemos valorar aspectos jurídicos, sólo políticos. El Ayuntamiento se prepara para recurrir dado que hay esta vía legal y esperemos que la justicia pueda ver con mayor claridad lo que ha podido ver un instructor externo del Govern balear y el pleno del Ayuntamiento por unanimidad".
Tanto Campins como Del Rey fueron objeto de expedientes disciplinarios que comportaron la separación de servicio (suspensions de empleo y sueldo). Un instructor externo al consistorio, Joan Carles Torrens, fijó unas suspensiones para Campins de siete meses y medio y para Del Rey, seis meses y dieciocho días. En un pleno extraordinario y urgente (2015) se endurecieron las penas (aprobación por unanimidad por parte de Endavant, PP y El Pi con disposición de informes técnicos-legales): 34 meses y 14 días para Campins y 31 y 2, Del Rey. Se detectaron cuatro presuntas faltas graves y tres leves cometidas por Campins, y tres graves y dos leves, Del Rey. Cinco de las siete faltas de Campins eran coincidentes con las de la aparejadora.
Por todo ello, aumenta la expectación por los sucesivos pronunciamientos judiciales que están al caer. Hay distintos affaires en ses Salines y las partes implicadas discrepan claramente.
Curiosamente Campins ya fue expedientado en 2008 por supuestas faltas. En 2009 se resolvió con archivo y el consistorio le pidió disculpas. En 2013 fue nombrado jefe de Urbanismo.
