La vivienda es un derecho básico, elemental, del que no puede privarse a nadie. Lo dice la Constitución y lo confirma el sentido común. Sin embargo, en una sociedad y un estado de Derecho que se las dan de garantistas, como es nuestro caso, se ha vuelto muy complicado, en algunos casos imposible, el logro de un cobijo estable. Ocurre así porque el mercado es poco respetuoso con la legislación básica. Es más, la situación del parque inmobiliario de Balears y la presión del dominante sector turístico le animan a ser todavía más irreverente con los derechos fundamentales.
Los precios de las viviendas siguen prohibitivos y los alquileres ajenos al ocio vacacional, caso de que los haya, se han disparado hacia la misma órbita de lo inaccesible. Ante ello, Podemos y PSOE, en el pacto de Presupuestos de incierto futuro, se plantean intervenir en el alquiler cuando la inflación lo contamine todo.
Consultados los alcaldes, cuentan la feria según les va, porque cada municipio tienen realidades diferentes pero, en general, no ven con rechazo una mediación institucional de puesta en práctica difícil para el alquiler. El acceso a la vivienda mantiene su fragilidades.
