El gobierno municipal de Andratx, formado por PP y El Pi, expresó ayer su preocupación por las repercusiones que tendría para las arcas municipales el pago de una indemnización de 14 millones de euros por la licencia concedida en su día para urbanizar la zona de Montport
La respuesta anunciada por los representantes políticos municipales pasa en primer lugar por presentar un recurso contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso número uno de Palma, que da la razón al dueño de la promotora del solar protegido y a los clientes que compraron una casa. El proyecto urbanístico quedó frustrado posteriormente por un cambio de calificación.
El concejal de Urbanismo, Jaume Porsell (PP), manifestó que esta resolución judicial es "consecuencia de una falta de seguridad jurídica y de la demora en la aprobación de una normativa urbanística acorde a la realidad". "Es más que necesario que se aprueben las normas subsidiarias y evitar también los continuos cambios legislativos", argumentó.
Por su parte, la alcaldesa Katia Rouarch (El Pi) lamentó el quebranto económico que supondría el pago de esta indemnización, al tiempo que advirtió de que a esos 14 millones habría que sumar posteriormente el coste de las demoliciones y de la restitución de los terrenos.
En la esfera de la oposición, el portavoz de Més per Andratx, Joan Manera, señaló que esta situación es "el resultado de un urbanismo salvaje y sin control de unos pocos"; una política que ahora, lamentó, tendrán que "pagar" todos los andritxols. Y eso por el momento, porque,según recordó, todavía faltan otras sentencias por conocerse.
Por su parte, la agrupación local de Ciudadanos se preguntó si existe una reserva para afrontar estas sentencias condenatorias, que pueden acabar abocando a la "ruina" a las arcas municipales.
