Responder cuando se pregunta es una norma elemental de cortesía y convivencia de la que no puede quedar exenta nadie, ni siquiera la Administración, siempre perezosa, apática y con ropajes de anonimato. La pasividad de representantes y organismos públicos tiene altos costes y graves perjuicios.
El silencio del ayuntamiento de Andratx, después de que los promotores de Montfort le pidieran indemnización por la retirada de licencias y demolición de la urbanización, acabará costando más de 14 millones de euros a los contribuyentes. No es una suma que se quede en lo meramente simbólico.
Un juzgado de lo contencioso-adminitrativo de Palma ha antendido la demanda, ha mirado la jurisprudencia sentada por el Supremo y ha fijado la alta compensación derivada de licencias de construcción mal dadas, cambios de planeamientos urbanísticos y reclamaciones sin responder.
El asunto colea desde 2003 cuando los promotores se interesaron por primera vez por la calificación de los terrenos afectados. Desde entonces, unos y otros, en la casa consistorial de Andratx y en el Consell, se lo han tomado como si fuera una fiesta. A la hora de la verdad, cuando se deba pagar, todo se volverá anónimo con cargo a herencias recibidas. Y a responsabilidades evadidas.
