El ayuntamiento de Andratx tendrá que abonar una indemnización de 14.235.257 euros en compensación por los perjuicios económicos derivados de la licencia de obras que aprobó para realizar una obra en la zona de Montport, que corresponde a una zona calificada de suelo rústico de especial protección. Tanto la empresa promotora, que planificó la construcción de 68 viviendas de lujo, con sus correspondientes aparcamientos, como los trece propietarios que ya habían adquirido pisos en fase de construcción, tendrán que ser indemnizados por el consistorio, al no poderse terminar el proyecto porque la licencia de obras fue anulada.

El juez del juzgado de lo contencioso número 1 de Palma ha dado la razón a los afectados, representados por los abogados Jaime Riutort y Eva Velasco, que demandaron al consistorio por daños y perjuicios, como consecuencia de la declaración de nulidad de la licencia que autorizaba esta promoción inmobiliaria.

Multa millonaria

Así, el magistrado establece una indemnización de 12.390.473 euros para la promotora Prosmi, impulsora del proyecto de construcción, más otros 1.844.784 euros a los trece propietarios perjudicados por la nulidad de la licencia de obras. A esta elevada indemnización hay que sumar el pago de costas, que también tendrá que abonar el Ayuntamiento de Andratx.

La licencia de obras fue solicitada en el año 2004 por un empresario extranjero, que consiguió que el ayuntamiento de Andratx le autorizara la construcción de ocho edificios aislados de viviendas en la zona de Montport. En ese momento el solar tenía la calificación de suelo urbano. Un año más tarde, la licencia fue adquirida por una empresa constructora, que vio como se modificaba la autorización, limitando el proyecto a 68 viviendas.

En el año 2007, el Consell aprobó las normas de planeamiento de Andratx, estableciendo la clasificación de suelo rústico de especial protección de la zona de Montport. Ante esta nueva clasificación urbanística, el Consell solicitó la nulidad de todas las licencias urbanísticas aprobadas en Montport, una petición que fue más tarde avalada por los jueces. Al anularse la licencia, también se ordenó la demolición de todas las obras iniciadas. Este proyecto de 68 viviendas, que estaba muy avanzado, quedó paralizado y las casas no llegaron a terminarse. Antes de acudir a los tribunales, la empresa promotora y los clientes afectados por la paralización de la obra plantearon una reclamación ante el propio Ayuntamiento, que ni siquiera fue contestada.

El juez profundiza en su sentencia en el análisis de la responsabilidad patrimonial en el ámbito de la administración local. Así, llega a la conclusión de que se produjo un mal funcionamiento de los servicios administrativos del Ayuntamiento, al aprobar una licencia de obras en una zona urbanística protegida, lo que llevó a la promotora a impulsar un importante proyecto inmobiliario, que al final no pudo terminarse. El juez acepta la cuantía económica que han valorado los perjudicados a través de un informe pericial. La sentencia se puede recurrir.