A las siete de la mañana del 4 de diciembre de 1936 fue hallado muerto en el cementerio de Palma un hombre que había sido ejecutado horas antes. Era Pere Rosselló Oliver sa Maquineta, alcalde de Alaró y destacado líder del movimiento obrero local. Entre los objetos que llevaba encima, y que quedaron manchados de sangre, se encontraba una pequeña libreta. Poco después un médico forense certificaba la defunción por "herida en la cabeza por disparo arma de fuego" realizado por la espalda.
Ochenta años después, el investigador local Marçal Isern encontró entre las cajas y carpetas del archivo del juzgado militar de Palma esa libreta en la que Pere Rosselló anotó sus últimas palabras. Entre las notas manuscritas había tres cartas destinadas a Juan Vidal Reus (jefe de la caserna de la Guardia Civil), a Pedro Simonet Pascual (jefe de la Falange de Alaró) y otra al alcalde franquista Arnaldo Rosselló Bibiloni. En esas notas declaraba su intención de entregarse y rogaba que se respetara su vida y la de sus familiares. Pero las cartas no llegaron a mandarse y sus captores no respetaron ningún pacto y rápidamente lo asesinaron.
Día 25 de mayo del año siguiente el juez instructor archivó la causa, ya que el nuevo alcalde de la localidad, Pedro Simonet, aseguró que no podía aportar ningún dato que ayudara a identificar a los autores. La madrina del alcalde asesinado, Leonor Oliver, afirmó a las hijas de Rosselló que había presenciado la escena de la ejecución e identificó entre los autores, uno de ellos era uno de los jefes de la Falange del pueblo.
Esa libreta y su cubierta manchada de sangre se pueden ver ahora reproducidas en la portada del libro Papers tacats. Causes del franquisme a Alaró que se ha editado recientemente por el ayuntamiento de Alaró. La causa del alcalde Pere Rosselló es una de las seis que sus autores, Marçal Isern y Bartomeu Noguera, han querido plasmar en el primer volumen de la obra. Un trabajo de investigación en archivos públicos, privados y antiguos artículos periodísticos para recobrar información de los episodios sucedidos en Alaró durante la Guerra Civil y la dictadura.
Proceso judicial
En el primer volumen hacen un análisis e interpretación del proceso judicial sobre los ciudadanos de Alaró cuando se produjo el levantamiento militar y, examinan el castigo del bando franquista a los partidarios del progreso en el plano político-institucional, del cambio social y de las transformaciones económicas e intelectuales frente a los partidos conservadores.
Un conjunto de declaraciones, sentencias, papeles de la época e informes oficiales hechos por "... abogados defensores que ni eran abogados ni tenían alguna experiencia en juicios militares, añadido a las extraordinarias condiciones de un contexto de guerra e ilegitimidad jurídica e ilegalidad procesal de los que gozaban todos los procedimientos sumarísimos del franquismo", explica Marçal Isern.
Isern relata que no todos los procedimientos judiciales encontrados en la isla fueron utilizados para la iniciación de actuaciones penales, sino que muchos de ellos servían como actos burocráticos en los que no existía ninguna competencia de la justicia militar.
Un claro ejemplo fueron las causas abiertas al encontrarse algunos cadáveres en carreteras fruto de asesinatos extrajudiciales a personas republicanas consideradas como "peligrosas para el nuevo estado" por miembros de la Falange. También eran frecuentes las denuncias anónimas bajo acusaciones tan intrascendentes como escuchar emisoras de la zona republicana o haber hecho algún comentario contra el Movimiento. Podía darse el caso de que el detenido no llegara a ser juzgado sino que fuera asesinado el mismo día de su detención.
Jordi Munar Capó, Llorenç Colom Cocoví, Gabriel Sastre Gomila, Joan Simonet Far, Pere Rosselló Mas, Gabriel Sampol Sastre, Josep Riera Juan, Juan Rubí Borrás, Joan Sastre Gomila, Joan Gelabert Brunet y Antoni Mateu Pou fueron detenidos por ser considerados peligrosos por miembros locales de la Guardia Civil.
Juicios colectivos
A causa de la saturación de los tribunales franquistas, era habitual que las causas juzgaran a todo un colectivo por el mismo delito. El caso 268 fue uno de ellos.
Después de su detención fueron trasladados a un antiguo barco que servía como cárcel improvisada para los simpatizantes del Frente Popular, y donde las condiciones eran deplorables. Todos ellos fueron detenidos en la prisión Estaciones (Can Mir) para pasar a disposición del gobernador militar, ya que eran considerados personas non gratas para el Movimiento.
En agosto de 1936 fueron trasladados a diferentes campos de concentración, como el de sa Coma o Campos. Todos ellos sin ningún antecedente, simplemente por ser simpatizantes de la izquierda.
Otro de los casos más relevantes fue la causa titulada en el libro En el nom del pare i del fill, cuando dos cuerpos fueron hallados muertos un 20 de octubre en la Costa de Tofla -entre Alaró y Lloseta-. Eran Pau i Nofre Crespí, alcalde de Mancor de la Vall y su hijo. En su recogida por testimonios orales del pueblo, pero sobretodo, por el acta de defunción, se explica que las causas de su muerte fueron por heridas graves de armas de fuego. Sebastià Darder, jefe de la Falange de Mancor, declaró delante del juez que se encontró fortuitamente a los dos muertos yendo a Alaró y Pedro Simonet Pascual, jefe de la Falange de Alaró, dijo en la causa que no conocía de nada a los muertos. El auditor de guerra dictó sobreseimiento del caso al no encontrarse los responsables del asesinato. El investigador Marçal Isern ha llevado a cabo el estudio de la fosa de Alaró donde se cree que están Pau y Nofre.
En la causa 328, abierta el 25 de agosto de 1936, Montserrat Borràs Sampol fue juzgado por la "falta de concentración a filas", siendo acusado de cargo de deserción en base al código de justicia militar del ejército español. Pero Borràs no pudo nunca incorporarse a filas puesto que nueve días antes del inicio de la causa había sido capturado, trasladado a Palma y asesinado ese mismo día en la carretera de Sóller.
También se incluyen las causas del histórico dirigente socialista Gabriel Juan Mas (1910-2008), que salvó la vida y fue condenado a cadena perpetua, aunque fue liberado en 1943; y la de Damià Campins Vinyes, cuya viuda luchó durante años sin éxito para que las autoridades franquistas reconocieran la muerte de su marido y lo identificaran.
