Que haya beneficio colectivo con la protección de los terrenos y rentabilidad particular para los propietarios que ven restringido su potencial campo de acción con el cambio de uso de la zona afectada. Este es el nuevo panorama que parece abrirse después de que el ayuntamiento de Valldemossa decidiera la noche del lunes iniciar los trámites para que 3,4 hectáreas de Son Mossènyer y Son Baptista, susceptibles de albergar una treintena de chalés de lujo, pasaran de urbanas a rústicas.
La decisión municipal está tomada, lo cual no implica que hayan acabado las presiones ni el victimismo. Empieza ahora la guerra de los desmentidos, los matices y las puntualizaciones. A casi todos se les ha interpretado mal. Nadie quiso decir lo que realmente dijo.
"No podemos matar a la gallina de los huevos de oro", ha sentenciado el teniente de alcalde, Toni Colom, en relación al impacto que podrían ejercer los chalés de lujo adosados a la Cartoixa. Cierto, pero el problema que se mantiene es que el preciado huevo de metal noble tiene demasiados pretendientes y los propietarios minoritarios de Son Mossènyer se consideran en posición preferente para obtenerlo, por eso explotan la vía de la compensación y de la indemnización o incluso de la compra pública.
Pero un Ayuntamiento debe atender ante todo a la realidad, el sentido común, la legalidad y el interés general. Con esos parámetros parece incuestionable que no había más salida consecuente que la de dejar Son Mossènyer y Son Baptista tal como están. La Cartoixa no necesita vecinos disonantes, Valldemossa puede prescindir de los chalés y Mallorca tiene derecho a mantener un patrimonio paisajístico consolidado como beneficio colectivo.