La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha desestimado la demanda interpuesta por Birdie Son Vida contra el ayuntamiento de Sóller en la que le reclamaba modificar el Plan General para convertir en urbanos los terrenos de la urbanización de Muleta II. A su vez ha desestimado el abono de una indemnización por valor de cien millones de euros.

La demanda interpuesta por la empresa de Matthias Kühn era una derivada del acuerdo transaccional que el empresario inmobiliario había alcanzado con el Govern en 2014.

En este acuerdo, avalado posteriormente por el juez, el Govern del PP reconocía los derechos urbanísticos de Matthias Kühn sobre Muleta II a cambio de que el empresario le retirara una demanda con la que le reclamaba cien millones de euros de indemnización.

La reclamación fue formulada por vía judicial después de que el anterior Govern del pacto acordara la desclasificación definitiva de los terrenos de la urbanización de Muleta II.

Con el acuerdo alcanzado con el Gobierno, Matthias Kühn se dirigió al ayuntamiento de Sóller para hacer valor los derechos que le había reconocido la administración autonómica.

Así, el empresario instó al Ayuntamiento a modificar el planeamiento urbanístico de Sóller para hacer factible el desarrollo urbanístico de Muleta II, de acuerdo con el pacto alcanzado ante el juzgado con el Govern.

El Ayuntamiento, sin embargo, hizo caso omiso a la petición y por ello trasladó el caso ante los tribunales.

Cuatro años después del inicio de las acciones de Kühn para intentar urbanizar Muleta II, el magistrado Gabriel Fiol ha emitido una sentencia que desestima sus demandas.

En concreto da por válido el silencio administrativo desestimatorio con el que el Ayuntamiento no contestó los escritos presentados en el año 2014 en el que reclamaba al municipio modificar el planeamiento urbanístico para incorporar los terrenos de Muleta II como suelo urbano.

El tribunal presidido por Fiol entiende que el acuerdo transaccional entre Matthias Kühn y el Govern no era vinculante para el ayuntamiento de Sóller, ya que no era parte implicada en el litigio. Así las cosas, entiende que se debe desestimar la demanda. La sentencia no es firme, por lo que se puede recurrir en casación.

"Una buena noticia"

El concejal de Urbanismo de Sóller, Jaume Mateu, ha afirmado tras conocer el veredicto que "esta sentencia es una buena noticia para Sóller" ya que "queda demostrado que el Ayuntamiento no está obligado a modificar el plan urbanístico para recalificar Muleta II".

Mateu ha señalado que "era una sentencia que esperábamos desde hacía un tiempo" y que "confiábamos que sería favorable a los intereses municipales".

La polémica urbanización en cuestión tiene una superficie de 37.443 metros cuadrados donde los anteriores planeamientos urbanísticos permitían la construcción de viviendas unifamiliares aisladas o adosadas con una parcela mínima de 800 metros cuadrados.