El equipo de gobierno de Pollença (Junts Avançam-UMP) aprobó ayer in extremis de forma inicial los presupuestos de 2018, siete meses después de iniciarse el ejercicio, gracias a la abstención de los dos ediles de Alternativa y a la ausencia de dos representantes de la oposición.

Las cuentas, que ascienden a casi 24 millones de euros (un 2,4% menos que en 2017), tienen que pasar ahora por exposición pública y por una fase de negociación con Alternativa antes de su aprobación definitiva. Este partido ya había anunciado que facilitaría la aprobación inicial de las cuentas porque el gobierno local había iniciado los pasos para avanzar hacia las dos condiciones que había puesto sobre la mesa Alternativa: la remunicipalización del servicio de limpieza viaria y la reforma de la antigua fábrica de Can Morató. No obstante, ayer calificó de “vergüenza” el retraso acumulado en la aprobación de los presupuestos de este año, que por decisión del alcalde ya se habían retirado del orden del día del pasado pleno por falta de apoyos.

El exalcalde Tomeu Cifre, líder de Tots per Pollença, también criticó el retraso en la aprobación de las cuentas y expresó su “sorpresa” por la negociación pendiente. “Este presupuesto me preocupa poco porque es prácticamente imposible ejecutarlo, lo que sí preocupa es que veo difícil que antes de mayo de 2019 (cita electoral) haya unos presupuestos aprobados”, apuntó.

El alcalde Miquel Àngel March afirmó que “si se aprueban los presupuestos podremos ejecutar las inversiones” y añadió que el periodo de exposición pública de las cuentas “debe ser también el de negociación”.

Los presupuestos se aprobaron con siete votos a favor del gobierno local, dos abstenciones de Alternativa y seis votos en contra de la oposición de Tots y Martí Roca.

Ocupación de la vía pública

Por otra parte, la corporación rechazó una moción de Alternativa que reclamaba una moratoria de licencias de ocupación de la vía pública mientras se elabora la nueva ordenanza. La propuesta solo obtuvo dos votos favorables, mientras que cosechó ocho abstenciones (Junts, UMP y Roca) y cinco votos en contra (Tots).

Marina Llobera, de Alternativa, justificó la propuesta en la necesidad de suspender la concesión de licencias porque “la nueva ordenanza aplicará cambios” y también como una manera de “presionar” al gobierno local para que elabore una nueva ordenanza antes de final de año.

Tomeu Cifre Bennàssar (Junts) explicó que la intención del equipo de gobierno es aprobar la nueva ordenanza este año, pero “no podemos asegurar que esté lista en enero de 2019 porque no tenemos los votos suficientes” y una moratoria “perjudicaría” los intereses de los empresarios.