Un camino de tierra más o menos cómodo y otro angosto y serpenteante en su tramo final, marcan la senda para llegar desde Porto Cristo a Cala Petita. Un par de kilómetros para alcanzar un arenal cuyo nombre no engaña. Estrecha y con un tramo de arena limitado, sus 'inconvenientes' pronto son compensados por un paraje silencioso e inhóspito de aguas normalmente apacibles y transparentes. Un reducto de paraíso local que hace 25 años pudo acabar siendo otra urbanización más de la costa mallorquina.
Y es que a principios de 1993, la familia Servera, propietaria de las Cuevas del Drach y a su vez de los terrenos del polígono 4/21, situado entre Mitjà de Mar y Cala Petita, presentaron ante el ayuntamiento de Manacor un plan parcial de urbanización.
Una zona de 165.000 metros cuadrados en la que preveían la construcción de viviendas unifamiliares de planta baja y piso, de un mínimo de 1.000 metros cuadrados y con una capacidad de ocupación del 20%. Además de incluir una zona comercial para abastecer a dicho asentamiento.
Hace un cuarto de siglo, si el consistorio aceptaba, la Ley de Costas solo estipulaba que la primera línea de edificaciones estuviera situada a una distancia mínima de 100 metros desde la servitud de paso frente al mar. El plan parcial contemplaba un plazo de 14 años para el desarrollo completo del proyecto y otro de cuatro para poder acumular la documentación necesaria.
La normativa vigente en Manacor calificaba la zona de urbanizable, con lo cual no cabían trabas supramunicipales. El gobierno local del Partido Popular se puso pronto de lado de los derechos de la propiedad a llevar a cabo el proyecto, mientras que PSM y PSOE optaron por apoyar una recalificación del suelo que evitara su edificación.
Jaume Brunet y Joan Gomila, que poco después formarían la Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC) criticaron el proyecto, alegando que sería perjudicial para un pueblo, que lo que necesitaba era "un desarrollo turístico en la segunda línea". Un problema de recursos para una localidad que, pese a ser costera, nunca se ha caracterizado por una gran planta hotelera.
No tardaron en constituirse grupos antiurbanización bajo el nombre de 'Amics de Cala Petita', a los que se sumaron los Grups d'Esplai locales como el Jordi des Racó, Crist Rei o el Casal de la Pau, un grupo de jóvenes autodefinidos como 'La Disputa de l'Ase', asociaciones de vecinos y una fuerte presión popular.
Un bloque vecinal al que también respaldó el GOB y que hizo que Gloria Castiñeira (viuda de Ramon Servera) y sus hijos negara que quisieran "urbanizar la playa" y apoyaran el proyecto en "una ampliación de la zona de Mitjà de Mar", situada a las afueras de Porto Cristo; argumento también utilizado por el entonces delegado de Urbanismo Rafael Sureda.
El consistorio dirigido por Gabriel Bosch (PP), acompañado de sus socios de UM, CM y CB, hicieron posible que la urbanización de Cala Petita se aprobara inicialmente y pasara, en septiembre, a exposición pública. En esos momentos se conocieron más detalles como la reserva de 6.000 m2 para equipamiento escolar, 20.000 de zona verde, 40.000 metros de viales de tráfico y 2.000 de vías peatonales con accesos directos a la playa.
Actos reivindicativos
El temor cada vez más inminente de la edificación de Cala Petita propició la sucesión de actos ecologistas y de protesta en toda la isla, que contaron con el respaldo de figuras de la cultura mallorquina como Maria del Mar Bonet o el escritor Gabriel Janer Manila.
Tras un año de aparente tranquilidad y trámites, las malas noticias llegaron en junio de 1995, cuando el retraso en la publicación del Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT) por un error en el Boletín Oficial autonómico, permitía a la urbanización de Cala Petita mantenerse en los parámetros iniciales de densidad de población.
Para más inri, la demora hizo que el pleno del Consell de Mallorca no pudiera apoyarse en la nueva normativa y diera luz verde a los chalés en la considerada como última zona virgen de Porto Cristo. Al tiempo que daba tres meses al promotor para que presentara la documentación en regla. El por entonces conseller de Turismo, Joan Flaquer (PP), alegaba que el POOT no había podido publicarse a tiempo debido a dificultades en la traducción del castellano al catalán.
Ocupación de la playa
En septiembre el rechazo de la ciudadanía llegó a su punto de ebullición cuando más de un millar de personas, por tierra y mar, ocuparon Cala Petita (no había espacio para más) en un acto de protesta organizado por el GOB, donde se desplegó una gran pancarta con el lema 'Volem Cala Petita Verge' y que acabó con el concierto de más de quince grupos y artistas en defensa del litoral.
La protesta puso en alerta al Ayuntamiento, quien por primera vez sopesó la posible protección, aunque si ello no tenía que suponer indemnizar a los propietarios. Fue entonces cuando el vicepresidente del Consell (PSOE) pidió al alcalde Bartomeu Rosselló (PP) que hiciera un pronunciamiento definitivo sobre el plan parcial.
Finalmente en octubre de 1996 y tras la puesta de perfil del PP local, el Consell acordaba iniciar los trámites para la protección de Cala Petita (precisamente con la abstención del grupo popular) y negociar con el consistorio y el Govern la posible cuantía y plazos de las indemnizaciones.
El proyecto quedó definitivamente suspendido en enero de 1997, cuando la pretendida urbanización quedó oficialmente desclasificada y el Consell de Mallorca tomó el control tutelar del uso y planeamiento de la zona, pese a las críticas airadas del PP.
