La empresa que debía ejecutar las obras de creación de la red de pluviales de la calle Pontarró de Alaró ha pedido la rescisión del contrato debido a una imposibilidad material de ejecución de las obras y reclama al Ayuntamiento una indemnización por daños y perjuicios de unos 8.000 euros, tal y como prevé la ley de Contratos del Sector Público.

Según el escrito remitido por la constructora al consistorio, el proyecto de ejecución de las obras es incompatible con las prescripciones técnicas que impone la dirección insular de Carreteras.

El escrito señala que la profundidad que requiere el organismo insular es de un metro, a diferencia de los 17 centímetros que se pedía en el proyecto. Este hecho imposibilitaría aprovechar las tuberías existentes que el proyecto pretendía conservar. Además, también critica la diferencia de criterio sobre la imposibilidad de cierre al tráfico de la vía, ya que según el proyecto se podía cerrar la calle a la circulación mientras que Carreteras lo prohíbe.

Las obras de la calle Pontarró han sido muy polémicas desde que el Ayuntamiento las anunció. La oposición ha denunciado fraccionamientos en la contratación del ingeniero y defectos en el proyecto y los vecinos han llevado el caso ante el Defensor del Pueblo y la Oficina Anticorrupción. El secretario municipal advirtió que se necesitaba un informe técnico que asegurara que la decisión de llevar las aguas hacia esta calle cumplía con un convenio urbanístico vigente a día de hoy.

Ante esta información, el portavoz de la oposición, Llorenç Perelló (Junts per Alaró), cree que "el equipo de gobierno ha improvisado de forma clara y no ha querido escuchar a oposición, vecinos, Defensor del Pueblo y al secretario municipal cuando pedían un informe complementario y ara nos va a tocar pagar".

"Ya que el alcalde no ha querido pedir el informe que todo el mundo solicitaba, tal vez sea él quien tenga que abonar estos 8.000 euros que nos reclaman por negarse a reconfirmar su postura", añade Perelló.