Desde que a finales de la década de los 80 el GOB comenzó a plantear pleito por la construcción de cuatro viviendas unifamiliares en suelo rústico protegido de Llucalcari, han pasado muchas cosas. Pocas buenas.
Al contrario de lo que suele ocurrir en muchos casos semejantes, ha acabado imponiéndose el peso de la ley. Aplicarla para todos es un proceso todavía no acabado que sigue constando tiempo, esfuerzos, dinero y muchos disgustos. Los propietarios siempre se han declarado engañados. Obtuvieron unas licencias que el ayuntamiento de Deià concedió con informes favorables del Consell y después la Justicia anuló. No solo eso, las casas fueron demolidas en 2010 con un derecho a indemnización que, al igual que el derribo, se aceptó a regañadientes. En la casa consistorial de Deià se entendió que si las licencias fueron dadas con el visto bueno del Consell, lo lógico era que el organismo insular asumiera también parte del coste de las indemnizaciones. Es la tesis que acaban de avalar los tribunales al asignar al Consell parte de la responsabilidad solidaria de lo ocurrido.
Es posible que de entrada se intentara aplicar aquí, como en tantos otros lugares y situaciones, una política de hechos consumados. En Mallorca los cimientos de lo levantado siempre han sido más fuertes que los de la legalidad respetada a priori. Al final se invirtieron los términos y los terrenos han recuperado la plena condición rústica, pero, visto desde ahora, también habrá que señalar que las administraciones han acabado poniendo más trabas que ayudas y clarificaciones como parece lo propio. Basta mirar esta última disputa a cuenta de las indemnizaciones que nadie quería pagar.
