13 de junio de 2018
13.06.2018
Deià

El Consell tendrá que pagar por las indemnizaciones de Llucalcari

Una sentencia establece que la institución insular es responsable solidaria del pago

12.06.2018 | 21:00
Tareas de la operación de derribo de las casas de Llucalcari, actuación que se llevó a cabo en 2010.

El ayuntamiento de Deià ha obtenido una primera victoria judicial en la que se reconoce que el Consell de Mallorca es responsable solidario del pago de las indemnizaciones derivadas por la demolición de cuatro viviendas en Llucalcari ordenadas por el Tribunal Supremo.

En declaraciones a este diario, Magdalena López, alcaldesa de Deià, se mostró satisfecha por el hecho de que una sentencia en primera instancia dé la razón al ayuntamiento, aunque el fallo judicial ha sido apelado por el Consell.

Con esta resolución se reconoce que la institución insular es responsable solidaria del pago de las indemnizaciones que han percibido los propietarios de tres de los cuatro chalés de Llucalcari que fueron demolidos en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Al respecto, López recordó que la construcción de estas viviendas se llevó a cabo con las licencias que otorgó el Consistorio, que contaban con los informes favorables emitidos por el Consell. Por ello, Magdalena López sostiene que "es justo" que la institución insular tenga que hacer frente al pago de las indemnizaciones que Deià ha tenido que abonar a los propietarios afectados por las demoliciones.

Hasta la fecha se han dictado tres sentencias condenatorias que suponen indemnizaciones que suman más de medio millón de euros que ha tenido que pagar el ayuntamiento.

La comisión insular de Patrimonio Histórico se dio ayer por enterada de dos sentencias por las que Deià y el Consell deberán pagar medio millón a dos propietarios de Llucalcari.

En el año 2010 el ayuntamiento de Deià dio cumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo con la que confirmaba la orden de demolición de cuatro chalés en la zona de Llucalcari. Con la ejecución de la sentencia, se ponía punto y final a un largo litigio que promovió la entidad ecologista GOB cuando denunció, a finales de los años ochenta, la construcción de cuatro viviendas unifamiliares en terreno rústico protegido pese haberse construido dentro de la legalidad.

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