El ayuntamiento de Deià siempre manifestó su descontento con el contenido de la resolución judicial, en tanto que las viviendas se edificaron con todos las licencias necesarias. De hecho, el argumento que siempre ha defendido Deià es que las licencias de los chalés contaron con el visto bueno del Consell de Mallorca, que emitió sus informes favorables previos a su construcción. Por este motivo, la demolición de las viviendas fue asumida por ambas instituciones que se repartieron los gastos del derribo.

A diferencia de lo que ocurrió con estas obras, el pago de indemnizaciones no fue pactado entre las administraciones afectadas, por lo que hasta ahora el ayuntamiento de Deià había tenido que asumir su pago a medida que se iban dictando sentencias.

Hasta la fecha han sido tres y en todas ellas la administración ha salido condenada.