Han sonado sirenas de alarma en forma de inspección soterrada y denuncia presentada en forma. Al oírlas, los ayuntamientos, incluidos los ediles del PP, estén en el gobierno o la oposición, parecen emprender tareas de revisión y actualización de apoyo institucional a la lengua catalana.
Esta es la nueva dinámica en la que se está entrando después de que la delegada del Gobierno denunciara la continuidad de las subvenciones convocadas en Pollença. El juez no ha dictado las medidas cautelares que reclamaba. De todos modos, no cabe esperar mayores sobresaltos, entre otras cosas porque la moción de censura de hoy dejará a Maria Salom con el orden de prioridades muy alterado.
El hecho es que van saltando nuevos acuerdos municipales como incentivo al uso normalizado y público de la lengua catalana. Ocurre, además, en lugares de marcado peso turístico mientras permanece en otros municipios de menor densidad demográfica del interior de la isla.
A los casos ya conocidos de Capdepera y Pollença se suma ahora Llucmajor. Una iniciativa de El Pi para apoyar la rotulación de comercios en catalán es asumida por sus socios de gobierno, Més y PSOE y después logra la aceptación de la oposición, a excepción de ASI.
Una cosa es la directriz política marcada desde las altas esferas y otra muy distinta la gestión pública del uso del idioma a pie de calle. La experiencia ha demostrado ya de sobra que siempre que se ha querido intervenir de forma drástica en contra del uso normalizado del catalán en Mallorca se ha producido un efecto contrario al perseguido y casi nunca reconocido.
Ello no significa sin embargo que los dos idiomas oficiales de Balears estén en igualdad de condiciones en cuanto a implantación verbal y escrita. Establecer medidas de tutela al catalán no es cosa diferente al cumplimiento de la ley de Normalización Lingüística y de reconocer una realidad social.
