Un salón de juegos de Santa Ponça (Calvià) se enfrenta a una multa de hasta 450.000 euros e, incluso, al cierre del local por aceptar a menores en el interior del local. La Policía Local detectó a tres menores de 18 años que estaban jugando a la ruleta electrónica, motivo por el cual se denunció al propietario por una "infracción muy grave" a la Ley del juego y las apuestas de Balears.
Según ha informado hoy el ayuntamiento de Calvià, los agentes remitieron el acta de la infracción a la Dirección general de Comercio y Empresa de la conselleria de Trabajo, Comercio e Industria del Govern. Además de la multa económica, que puede oscilar entre los 30.001 y los 450.000 euros, la normativa contempla la posible clausura definitiva del establecimiento.
El Consistorio intensificó los controles en este ámbito desde septiembre de 2017, cuando arrancó una campaña impulsada por la Comisión de Actividades. En el marco de esta iniciativa, la Policía ha realizado un "seguimiento exhaustivo" de la actividad que se realiza en una docena de salones de apuestas, según remarcaron fuentes municipales.
El objetivo de estos controles consiste en certificar que se adecuan lo normativa, sobre todo en lo referente al respeto a los horarios marcados por la normativa municipal (desde las 12 del mediodía a las cuatro de la madrugada) y la prohibición de la entrada a menores.
Precisamente, los incumplimientos del horario han motivado la interposición de seis actas de denuncia durante el pasado mes de febrero. La sanción es de 1.000 euros si el incumplimiento es de menos de una hora y se eleva a 3.000 euros si supera este lapso de tiempo.
También en febrero, la Policía detectó la presencia de tres menores en el interior de un salón de apuestas de Palmanova, lo que originó una multa. En este caso, las autoridades municipales pusieron en conocimiento de la Conselleria una posible vulneración de la normativa, ya que este local no cumpliría la obligatoriedad de estar a más de 100 metros de un parque infantil.
Además, el pasado abril, un local de juegos situado en Punta Ballena (Magaluf) fue precintado al no poder demostrar que la legalidad de su autorización administrativa.
