20 de mayo de 2018
20.05.2018

Paréntesis (ilegales) en la costa

El caso de litoral clausurado en Portals se suma al del arenal virgen de Cala Varques, cuyo acceso principal está cerrado

21.05.2018 | 11:56
Paréntesis (ilegales) en la costa

Acceso al litoral. Caminos a playas paradisíacas, cortados. Propietarios que se apropian de vistas panorámicas con barreras de alambre
de espino. Privatización de facto de calas, tapizadas de hamacas y ´chill outs´ de mojitos. Los ejemplos de costa clausurada en la isla
son numerosos. El último se ha conocido esta semana, en el exclusivo tramo del litoral que va desde Son Caliu a Portals Nous

La costa es de todos, dice la Ley. Pero no siempre, habría que apostillar. El deseo de tener unas buenas (y exclusivas) vistas al mar, de gozar de privacidad mientras uno está tumbado en la terraza de su casa o de disfrutar de un chapoteo en una cala recóndita propicia la tentación de un uso privativo de la costa poniendo un paréntesis entre las multitudes veraniegas. De esta forma, en algunos puntos de Mallorca, el camino al litoral se convierte en una carrera de obstáculos sólo apta para los capaces de saltar una barrera, sortear con cuidado un alambre de espino o manejar diestramente el Google Maps para sortear estos peajes costeros.

De esto, ha habido unos cuantos ejemplos en los últimos tiempos. El más reciente ha sucedido en Calvià, con la instalación de una barrera rodeada con alambre de espino en un tramo escarpado de la cotizada costa que va de Son Caliu a Portals Nous. No lejos de allí, en Bendinat, hace unos meses ya tuvo que actuar Demarcación de Costas por la pavimentación con piedras puntiagudas de un tramo del litoral que hizo un propietario para ahuyentar a los que se tumbaban a tomar el sol.

Y, en Manacor, desde hace unas semanas, los bañistas que quieran chapotear en uno de los pocos arenales vírgenes que quedan en Mallorca, en Cala Varques, se ven obligados a un arduo ejercicio de ultra trail para llegar hasta el mar, después de que se hayan colocado unas barreras en el principal camino de acceso.

Greenpeace España

"La legislación estatal, la Ley de Costas, es clara. El acceso a la costa es público y gratuito. No se contemplan excepcionalidades de ningún tipo. La franja de dominio público marítimo-terrestre debe quedar libre. Y hay que dejar una zona de tránsito", subraya Pilar Marcos, bióloga marina de Greenpeace España y portavoz en temas de litoral. Marcos habla de una zona de tránsito que es una utopía en algunos puntos de la isla, sobre todo en estos tiempos de temporadas turísticas de récord.

Esa sobreocupación se traduce en dos realidades que trabajan en pro de la costa clausurada. Lo explica la portavoz del GOB, Margalida Ramis, que señala que la saturación propicia una mayor afluencia de gente a la costa, lo que, dice, "hace que cada vez haya más cierres irregulares por parte de vecinos" cansados de sufrir hordas de visitantes en puntos del litoral. Pero existe otro factor en el que también incide la representante de Greenpeace España: la "privatización de la costa" con negocios varios que funcionan a todo gas en estos años de bonanza. "Estamos ante un modelo en que se privatizan los beneficios (con estas concesiones) y se socializan los gastos, porque la limpieza, la recogida de basuras... corren a cargo del erario público", afirma Marcos.

Profundizando en ese argumento, la portavoz del GOB recuerda que los que explotan negocios en la costa "tienen una concesión para usos, lo que no significa que tengan la exclusividad del espacio ni que un guardia de seguridad te pueda echar de allí de malas maneras".

Cala Tuent

El foco del GOB se centra en estos momentos en una serie de solicitudes de explotación del litoral presentadas directamente ante Demarcación de Costas, para puntos de Capdepera, Llucmajor, Pollença y Escorca. En este municipio, un particular ha propuesto por ejemplo la instalación de hamacas en Cala Tuent, donde se derribó en 2009 la casa de Can Ganxo por orden de Demarcación de Costas.

La organización ecologista ha presentado alegaciones reclamando que estas solicitudes se anulen, porque cuestionan que Costas realice el proceso de adjudicación en vez de los respectivos Ayuntamientos, que ya disponen de las "correspondientes autorizaciones en zona de dominio público marítimo–terrestre".

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