La plataforma Salvem el Moll ha convocado una reunión de usuarios del puerto deportivo Alcudiamar mañana sábado por la mañana en la Casa de Cultura de Alcúdia para trazar una estrategia común y unificar esfuerzos contra la posible subida de las tarifas por parte del puerto, tal y como se acordó en una reunión anterior celebrada a finales de abril.
Los usuarios, principalmente amarristas y arrendatarios de locales, pretenden actuar de forma unitaria como un "colectivo de afectados" para "conseguir un trato justo" ante los responsables de la Autoritat Portuària de Balears (APB), institución a la que consideran como la única interlocutora válida para negociar, ya que "tiene la competencia para la aprobación de las tarifas".
Los usuarios pretenden actuar en base al "principio de solidaridad" y a la "unidad de acción", por lo que descartan una "negociación individualizada" con el gerente de Alcudiamar, empresa a la que la citada plataforma acusa de "discriminar" a amarristas críticos con su gestión. En este sentido, el portavoz de la plataforma, Josep Alonso, explica que el puerto deportivo "se limita a presentar un estudio económico de tarifas que debe ser aprobado por la APB, previa fiscalización del mismo". Por este motivo, "debe garantizarse que el incremento de tarifas está plenamente justificado".
Alonso añade que el estudio presentado por Alcudiamar contempla "incrementos muy importantes", lo que ha provocado "malestar y preocupación" entre los usuarios de las instalaciones. El portavoz recuerda que en octubre de 2018 acaba la concesión de 25 años que tenía Alcudiamar, "aunque se le ha prorrogado doce años más a cambio de una inversión de 21 millones de euros cuyos gastos repercutirán en las tarifas".
Una de las cuestiones que los usuarios quieren aclarar con la APB es si las tarifas que se aplican en la actualidad "están formalmente aprobadas por el órgano competente de la APB y tienen plena cobertura legal". Alonso sostiene que "las únicas tarifas que fueron aprobadas formalmente por la APB son las de 1993". El portavoz de la plataforma asegura que "unos 40 amarristas" presentaron en noviembre del pasado año un escrito solicitando a la APB que "clarifique" si las actuales tarifas "son legales o no". "A día de hoy, este escrito todavía no ha sido contestado", lamenta. La plataforma insta a la APB a "escuchar" a los usuarios del puerto deportivo "antes de aprobar la nueva propuesta de tarifas" y que aplique el trámite de información pública para que los afectados puedan analizarla.
