07 de mayo de 2018
07.05.2018
Diario de Mallorca
Política lingüística

El Estado insta a suspender las ayudas a los rótulos en catalán en Pollença porque pretenden "eliminar" el castellano

La abogacía del Estado recurre la convocatoria municipal de subvenciones y solicita al juzgado su suspensión cautelar

07.05.2018 | 16:17
Una imagen de hace unos años de la primera línea del Port de Pollença, donde destacan numerosos comercios.

La abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del pleno de Pollença del pasado 22 de febrero mediante el que se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones a los negocios que utilicen de forma preferente la lengua catalana en su actividad empresarial, ya sea en los rótulos, letreros, etiquetas, documentos o cartas de restaurantes, entre otros supuestos, al considerar que la línea municipal de subvenciones, lejos de querer fomentar el catalán como lengua cooficial de la comunidad autónoma, pretende "eliminar" el uso de la otra lengua cooficial de Balears, la castellana.

El recurso, presentado ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que "por turno de reparto corresponda", solicita además la adopcion de la medida cautelar de suspensión del acuerdo municipal recurrido "para asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso". En este sentido, el escrito de recurso justifica la necesidad de adoptar una suspensión cautelar del proceso de concesión de ayudas. "Si por el Ayuntamiento se otorgan subvenciones por eliminar el castellano y la misma se vuelve atrás al estimarse la demanda, los empresarios destinatarios de dicha subvención tendrán que devolverla, suponiendo ello un mayor perjuicio que el que se causa si se suspende la ejecución del acuerdo impugnado", señala la abogacía estatal.

El recurso no cuestiona la cooficialidad de ambas lenguas en Balears y añade que la Constitución "no se opone a la adopción de una política enfocada hacia la defensa y promoción de la lengua cooficial", pero indica que "la doctrina constitucional ha sentado el principio de que la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las dos lenguas oficiales en relación con otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas".

La abogacía del Estado apunta que "el fomento y promoción de una lengua en todos los ámbitos como medida de política de normalización de una lengua minoritaria está sometida a límites". Uno de ellos sería que "las medidas adoptadas no han de afectar a la preservación del equilibrio entre las lenguas cooficiales, que impide atribuir carácter preferente a ninguna de ellas".

El escrito cita algunas de las condiciones que rigen la convocatoria, como los 350.000 euros que se otorgan a los restaurantes que impriman la carta solo en catalán o el hecho de que los documentos administrativos "deban estar únicamente en catalán para solicitar la subvención", entre otros requisitos, para asegurar que "todas estas medidas ponen de manifiesto no el fomento del catalán (...), sino la eliminación de la otra lengua cooficial, el castellano". El recurso acusa al Ayuntamiento de "quebrar" la Constitución y recuerda que la utilización del dinero público "debe ser mucho más escrupulosa y respetuosa" con el sistema legal.

El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March (Junts Avançam) ha calificado hoy el recurso de "sorprendente" y ha recordado que las ayudas se entregan en el municipio desde hace veinte años "con un amplio consenso de todos los partidos" y que también son habituales en otros municipios de la isla a modo de discriminación positiva a favor del catalán. La convocatoria de este año asciende a 5.000 euros, 2.000 más que en 2017, cuando se entregó toda la partida prevista.

"No sé si es una secuela de la aplicación del artículo 155 (en Catalunya), si fuese así, la política que aplica el Estado para controlar a las administraciones locales es muy preocupante", señala.

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