Una reciente sentencia judicial favorable a vecinos de Son Font (Calvià vila) puede tener una importante repercusión para el urbanismo del municipio y para el futuro de terrenos que suman en total unos dos millones de metros cuadrados.
Así lo argumentó ayer desde la oposición el Partido Popular, que advirtió de que la resolución no afecta sólo a Son Font, como considera el gobierno municipal del PSOE, sino a toda una batería de modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana de Calvià de la pasada legislatura, presidida por el alcalde Manu Onieva (PP).
Esas modificaciones fueron paralizadas en septiembre de 2015 por el nuevo equipo de gobierno de centro-izquierda, al considerarlas un ejemplo de "urbanismo a la carta" y de primar los "intereses privados en vez de los intereses generales".
Entrada de Santa Ponça
Esos cambios urbanísticos en época del PP afectaban a zonas estratégicas del municipio, como los terrenos que hay a la entrada de Santa Ponça viniendo desde la autovía, Ses Planes, Son Caliu o Costa d'en Blanes; unas modificaciones que posibilitaban infraestructuras como centros comerciales o pisos asistenciales.
Vecinos de Son Font, afectados también por la paralización, presentaron un recurso, que acaba de aceptar parcialmente el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma. El portavoz popular en Calvià, José Manuel Ruiz, consideró ayer que la decisión afecta también al resto de variaciones urbanísticas.
En su opinión, esta sentencia viene a corroborar que "no se pueden suspender proyectos sólo porque fueran aprobados la pasada legislatura, cuando gobernaba el PP". "El alcalde olvida que se trataba de modificaciones promovidas por particulares, totalmente legales, que en pleno derecho se ajustaban al anterior plan general", sostuvo Ruiz, quien lamentó el "caos jurídico" que, a su entender, se ha apoderado del urbanismo del municipio de Ponent.
La interpretación de los populares fue rechazada por el alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), que acusó a la oposición de "intentar confundir a los calvianers". "Le recuerdo al PP que el desestimiento de estas modificaciones del plan general iniciadas años atrás por el equipo de gobierno del PP lo aprobó el pleno por mayoría", arguyó Rodríguez Badal, quien sostuvo que la última sentencia del juzgado de lo Contencioso se refiere exclusivamente a Son Font y no al resto de casos. Anunció también que los servicios jurídicos recurrirán esta resolución.
Decisión judicial
La resolución judicial concluye que el acuerdo plenario por el cual el Ayuntamiento paralizó en septiembre de 2015 esas variaciones puntuales del PGOU "carece de la preceptiva motivación que sirva para poder comprender las razones de la decisión adoptada por la administración demandada". Una "falta de motivación" que, determina la sentencia, "debe conducir a anular" este acto administrativo.
