El ayuntamiento de Santa Margalida debatirá en el próximo pleno una propuesta del equipo de gobierno (Convergència-El Pi y PP) que, en caso de aprobarse, implicará la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la sala tercera del Tribunal Supremo contra el acuerdo del consejo de Ministros del pasado 23 de febrero mediante el que se desautoriza la celebración de una consulta popular entre los residentes sobre la conveniencia o no de construir una nueva depuradora en Can Picafort. Cabe recordar que este proyecto es rechazado por el Ayuntamiento al entender que provocará un importante impacto ambiental en la costa del municipio, ya que está previsto habilitar un emisario submarino en la playa de Son Bauló para verter las aguas depuradas en la bahía de Alcúdia.
El alcalde Joan Monjo había solicitado un informe jurídico para determinar las posibilidades legales de recurrir la citada resolución ministerial. El dictamen llega a la conclusión de que se puede presentar un recurso ante el Supremo al entender que la consulta popular aborda un asunto de competencia municipal.
La pregunta que la corporación quiere trasladar a los residentes es la siguiente: "¿Apoya que el Ayuntamiento se oponga por todas las vías legales a su alcance, incluida la vía jurisdiccional, a la aprobación del proyecto de nueva estación depuradora de aguas residuales en Can Picafort y su emisario submarino que vierte en la bahía de Alcúdia frente a la playa de Son Bauló?".
No obstante, el consejo de Ministros denegó la autorización para celebrar la consulta alegando que se incumplen los requisitos de que la cuestión a tratar sea de competencia municipal y de carácter local, un argumento que no comparten los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
En este sentido, el informe jurídico asegura que la competencia para la cuestión concreta objeto de consulta "es puramente municipal". Según esta tesis, "ninguna competencia estatal queda afectada por el hecho de pedir a los conciudadanos si creen oportuno oponerse por las vías legales a la aprobación de la depuradora proyectada".
Competencias de depuración
El dictamen jurídico establece que el proyecto para implantar una estación depuradora en Can Picafort, calificado de interés general, "afecta a la competencia municipal de depuración y tiene carácter local", por lo que no comparte los argumentos del consejo de Ministros para desestimar la autorización de la consulta.
Además, sostiene que existe jurisprudencia que daría la razón a las pretensiones municipales.
El pleno municipal aprobó en septiembre de 2017 solicitar autorización al gobierno central, a través del ejecutivo autonómico, para celebrar una consulta popular sobre la futura depuradora de Can Picafort.
El pasado 23 de febrero, el consejo de Ministros denegó la autorización mediante un acuerdo que, según el consistorio 'margalidà', "vulnera el ordenamiento jurídico y perjudica los intereses municipales", por lo que presentará un recurso ante el Supremo en el plazo de dos meses. La propuesta se someterá a votación en el próximo pleno.
