El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que rechaza la solicitud del Ayuntamiento de Santa Margalida para convocar una consulta popular en relación con la aprobación del proyecto de nueva estación depuradora de aguas residuales en Can Picafort y su emisario submarino.

Se trata de una propuesta del alcalde Joan Monjo después de que el debate sobre la construcción de una nueva depuradora o la ampliación de la que se encuentra en terrenos del término municipal de Muro se enquistara.

Según se recuerda en el escrito del Consejo de Ministros, el Ayuntamiento de Santa Margalida solicitó, previo acuerdo del pleno adoptado por mayoría absoluta, autorización del Gobierno para celebrar una consulta popular sobre si los vecinos apoyan que el Ayuntamiento se oponga "por todas las vías legales a su alcance, incluida la jurisdiccional, a la aprobación del proyecto de nueva estación depuradora de aguas residuales en Can Picafort".

No se ajusta a la ley

Ahora, el Consejo explica que la petición "no cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Bases del Régimen Local", al no ser un asunto de competencia municipal, ya que dicho proyecto fue declarado de interés general del Estado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010.

Además, tampoco se trata de un asunto de carácter local por cuanto la consulta no se adecua al parámetro de territorialidad establecido en el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local y trasciende el ámbito municipal.

El dilema es el siguiente: el Govern defiende la necesidad de construir una nueva depuradora con capacidad suficiente para atender las necesidades de Can Picafort. El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, se opone radicalmente a esta opción y apuesta por ampliar las instalaciones ubicadas en el término municipal de Muro y que dan servicio a Can Picafort y Platja de Muro. El consistorio murer se alinea con el Ejecutivo autonómico y defiende la nueva construcción.

Joan Monjo mantiene una postura firme en este aspecto desde que se abrió la polémica: "No queremos ni depuradora ni emisario submarino, si finalmente los hacen solicitaremos las competencias sobre las aguas y depuraremos nuestras propias aguas sucias". Los informes encargados por el ayuntamiento margalidà hablan de "grave riesgo" para la actividad turística.

Ante el rechazo del Govern, el pleno celebrado el 28 de septiembre del año pasado solicitó por unanimidad autorización para celebrar la consulta.