El Ayuntamiento de Calvià ha admitido que las inversiones previstas en las cuentas de 2018 deberán ser aprobadas por el pleno y, en algunos casos, se acreditarán por decreto. En caso contrario, se destinará a las partidas los recursos que marcan los presupuestos de 2017. Por tanto, en esta nueva crisis de gobierno los socialistas tienen las manos atadas. El funcionamiento cotidiano del consistorio se mantendrá como hasta ahora, pero en los ejes donde querían deslumbrar necesitarán el apoyo al menos de un concejal de la oposición. Después del fracaso para sacar adelante los presupuestos de 2018, lo tendrán difícil.
Con los presupuestos prorrogados, las acusaciones entre el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal y su exsocio de gobierno, Fernando Alcaraz continúan. Rodríguez Badal utilizó las redes sociales para declarar que [no tiene intención de] ceder a exigencias desmedidas" y que "nunca aceptamos ni aceptaremos chantajes ni exigencias que querían más y más dinero para sus áreas a costa de reducir en otras como empleo o bienestar social".
El alcalde apunta que con su actuación, en referencia al cambio de voto de Alcaraz, "se define solo" y señala que "la irresponsabilidad de algunos" puede "complicar o aplazar a 2019" inversiones o proyectos previstos. El concejal del grupo mixto acusa al alcalde de "demostrar que es incapaz de llegar a acuerdos con ninguna formación política "y que la "soberbia y prepotencia de su persona han llevado al municipio de Calvià a esta situación". El concejal defiende que "ha presentado unos presupuestos partidistas".
