El alcalde de Capdepera, el socialista Rafel Fernández, deberá explicar el próximo 29 de noviembre en el juzgado de instrucción número uno de Manacor, si benefició a diversos promotores y propietarios de parcelas cercanas a Cala Mesquida, permitiéndoles edificar en suelo rústico protegido y concediendo prórrogas poco justificadas para presumiblemente evitar ceñirse al Plan Territorial de Mallorca de 2004.
Según los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Artà, de quien parte la investigación, se trata de una serie de licencias sospechosas para la construcción de chalés en suelo rústico protegido, cuyas parcelas, o bien no tenían la superficie mínima exigida por el nuevo Plan Territorial, o se vieron beneficiadas por prórrogas supuestamente injustificadas o contrarias a normativa expedidas por los técnicos municipales. El Seprona califica los hechos de muy graves y presuntamente constituyentes de un delito contra la ordenación de territorio.
En una información adelantada ayer por IB3 Notícies se apunta a que además de Fernández han sido citados en calidad de investigados por las presuntas irregularidades urbanísticas, algunos concejales del equipo de gobierno, además de los exalcaldes Bartomeu Alzina (PSOE) y Pep Gallego (UCap).
Los informes judiciales estiman que los hechos tuvieron lugar antes y después de que el socialista accediera a la alcaldía de Capdepera en 2012, de ahí que la juez Ana Salmerón haya citado a los dos alcaldes anteriores y a los ediles Mateu Garau, Maria Pilar Gasull y Sebastià Sureda, a partir de las 10,30 horas.
Algunos de los funcionarios que ya han prestado declaración judicial, han admitido que han podido existir errores en distintas concesiones de las prórrogas o procedimientos, motivados por el cambio de normativa del Plan Territorial de Mallorca durante el proceso de ampliación de plazo de licencias.
El Seprona, que ya ha interrogado al arquitecto municipal y al abogado municipal (además de a otros funcionarios) y que posee documentación fotográfica y cartográfica fehaciente, cree que las supuestas infracciones amparadas por el consistorio gabellí han podido beneficiar a funcionarios, vecinos, promotores extranjeros y parientes de exalcaldes, como la pareja del también excalcalde del municipio y actual presidente de los hoteleros, Joan Ferrer (PP).
El Seprona especifica todos los casos sospechosos y detalla como el consistorio permitió la construcción de viviendas en parcelas que apenas superaban los 7.000 metros cuadrados, pese a que la ley marca que se necesitan un mínimo de 14.000 desde 1997. Además de que se trata de parcelas que están situadas en suelo rústico protegido (Área de Protección Territorial-Costas), desde diciembre de 2004, estando prohibida la construcción de una vivienda unifamiliar aislada.
Según la misma documentación de la Guardia Civil (que critica la demora y en algunos casos falta de respuesta a sus requerimientos por parte de los técnicos del ayuntamiento de Capdepera), éstos habrían realizado, informes jurídicos y técnicos supuestamente no ajustados a la ley para beneficiar a los promotores, que se habrían apoyado en ellos para empezar o continuar con unas obras, amparándose en que las primeras licencias fueron concedidas antes de la entrada en vigor de las normativas restrictivas.
