Carlos Aedo Pérez es un prestigioso investigador científico del Real Jardín Botánico de Madrid que este pasado mes de mayo pasó algunos días en Mallorca por motivos profesionales, aunque parece ser que no se ha llevado una buena impresión de su estancia en el municipio de Llubí, donde se alojó. El motivo es una multa de tráfico impuesta por la Policía Local de esta localidad del Pla que, por una serie de "disfunciones organizativas", según sus propias palabras, casi tuvo que pagar dos veces debido a algún tipo de fallo administrativo que no pudo aclarar, pero que le provocó una lógica "indignación" que le ha llevado a remitir una carta a la alcaldesa de Llubí en la que explica todo su caso.
Según relata, el pasado 27 de mayo recibió una denuncia de la Policía Local de Llubí por haber estacionado su vehículo de alquiler en un lugar no autorizado. Intentó pagar la sanción de 100 euros al instante, "pero en el boletín de denuncia figuran cinco entidades bancarias en las que se puede abonar la multa, pero no se indica ningún número de cuenta para hacer la transferencia ni se ofrece la posibilidad de hacer el pago a través de una página web". Con el objetivo de "hacer frente cuanto antes" a su "responsabilidad" llamó por teléfono al Ayuntamiento para que le indicaran alguna fórmula de pago. "En esa llamada se me indicó una cuenta bancaria a la que realicé una transferencia el mismo día 29 de mayo", sigue.
Esta gestión parecía zanjar el tema, pero no fue así, porque en agosto "fue una verdadera sorpresa" recibir una notificación de la Agencia Tributaria de Balears para incoarle un expediente sancionador en relación al pago de la multa, como si realmente no la hubiera abonado.
Para más inri, "previamente se había requerido a la compañía de vehículos de alquiler la identidad del conductor", por cuya gestión esta empresa le cobró 40,37 euros. "¡Para una multa de 100 euros que estaba pagada dos meses atrás!", exclama. La propia empresa de alquiler de vehículos le respondió que el cargo cobrado "fue aplicado correctamente" por las gestiones realizadas consistentes en la búsqueda y movimientos del vehículo, localización del contrato de alquiler y la correcta identificación del conductor. Según asegura la compañía, el cargo "es aplicado siempre" que se recibe una notificación de una sanción aplicada al vehículo durante el periodo de alquiler.
El Consistorio "se lava las manos"
Una vez recibida la notificación de la Agencia Tributaria, el botánico decidió llamar al Ayuntamiento para "aclarar el asunto", pero no logró "ninguna colaboración". Finalmente se comunicó con la Agencia Tributaria para enviarles la documentación que "confirma el pago de la multa" y "aparentemente el asunto ha quedado solucionado".
Carlos Aedo cree que "se ha encadenado un conjunto de disfunciones organizativas", sumadas a la actitud de "lavarse las manos" por parte del ayuntamiento de Llubí. El resultado de todo ello es, a su entender, "una pérdida de tiempo y un perjuicio económico para los administrados".
El científico confiesa que en un primer momento de "indignación" prefirió "olvidarse del tema", pero después llegó a la conclusión de que "esta opción no es cívica" y que "es necesario protestar por estos sucesos si queremos que no se repitan en el futuro".
Por ello remitió una carta a la alcaldesa Magdalena Perelló, que ayer, al ser preguntada por este diario, aseguró desconocer el caso en concreto y se comprometió a investigarlo para ofrecer una respuesta.
