El grupo ecologista GOB ha vuelto a reclamar al Govern que no permita la implantación de los dos proyectos de parques solares previstos en la Marina de Llucmajor, y le insta a que proceda a su declaración como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) "atendiendo a su gran importancia para algunas especies amenazadas como el milano, en peligro de extinción". Según han señalado los ecologistas, la autorización por parte del Govern de la instalación fotovoltaica de sa Caseta, de 20 megavatios, "en contra del criterio proteccionista" del Consell de Mallorca, inicia la vía libre para otros proyectos en la zona, como el de s'Àguila, o para otro gran proyecto fotovoltaico previsto en la finca de Santa Cirga, en Manacor.

El GOB ha recordado que el Consell de Govern acordó, el pasado el pasado 21 de julio, otorgar la declaración de utilidad pública al parque fotovoltaico de Sa Caseta, pese a la discrepancia del departamento de Territorio del Consell, que se muestra desfavorable. El proyecto, que afecta a 25 hectáreas, se ubica en una zona que el planeamiento urbanístico de Llucmajor califica de 'agrícola ganadera en zona de protección paisajística y/o ecológica', y en la que se incluyen "aquellas zonas del territorio que deben ser objeto de especial protección, por su interés paisajístico y ecológico".

Para el GOB, el hecho de que el Govern desoiga los informes desfavorables del Consell "es un mal precedente que amenaza la transformación a gran escala de la Marina de Llucmajor, la gran asignatura pendiente en la protección de espacios naturales en Balears".

Los ecologistas explican que la Marina "está constituida por un gran mosaico agroforestal muy bien conservado, gracias a la actividad agraria de las grandes fincas, que genera además una altísima biodiversidad".

"Incomprensiblemente la zona hasta ahora no ha sido incorporada a las capas más importantes de protección territorial, como las que implican la LEN y la Red Natura 2000", han constatado. Para al GOB, el "sacrificio" de la Marina de Llucmajor debido a que "más allá de la afectación de las 75 hectáreas que en estos momentos son objeto de los proyectos presentados, nos preocupa el probable efecto condicionante que estos proyectos puedan tener sobre la propuesta de ampliación de la ZEPA".