Suma pel Camvi, partido en la oposición de Santa Margalida, considera que la contestación del alcalde, Joan Monjo, a su denuncia de posibles irregularidades en una obra de asfaltado es “una burla”. Antoni Reus, portavoz, manifiesta: “Por supuesto que lo pagará. No le queda otra porque le hemos pillado. No sabemos que hubiera pasado si no hubiéramos denunciado este hecho”.

El portavoz se refiere a que una empresa que efectúa trabajos de asfaltado de caminos rurales en Santa Margalida procedió hace unos días a adecentar un camino particular propiedad del alcalde.

Monjo replicó a la acusación que él había satisfecho el coste de los trabajos y que disponía de una factura, a nombre de una empresa de su propiedad, para demostrarlo. Aseguraba además que cualquier vecino puede solicitar ahora trabajos a dicha empresa aprovechando que las máquinas están en la zona y así ahorrarse el transporte.

Reus se pregunta: ¿Qué quiere decir la afirmación de que cualquier vecino lo puede hacer? ¿Cualquiera de Santa Margalida u otros pueblos? Porque él ha asfaltado un camino de otro municipio ya que tiene la finca en Maria; y a unos cuántos kilometros de los caminos más cercanos de Santa Margalida que se están asfaltado”.

El concejal sostiene que “tendría credibilidad si se hubiera anunciado con un bando público indicando a todos los vecinos esa posibilidad, y si, sólo cuando se asfaltaran caminos cercanos, porque en su caso está a varios kilómetros y en otro pueblo”.

Por otro lado, Suma interpreta que “da a entender que ha obtenido un precio mejor, más económico, usando esa posibilidad que sólo conocía él”.

En este sentido, Reus recuerda al alcalde que “el código ético aprobado por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Santa Margalida, el pasado 30 de marzo, prohíbe, en su artículo quinto, apartado 3B, aceptar cualquier: servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía a los cargos del Ayuntamiento.