La UTE Teatro Principal de Inca, formada por las empresas constructoras Dragados y Coexa, adjudicatarias de las obras de reforma del emblemático edificio durante la pasada legislatura, ha presentado una demanda ante el juzgado Número 2 de Inca en contra de la propiedad del inmueble público, la Fundació Teatre Principal.
El juzgado ha registrado la demanda de las empresas pero aún no la ha notificado a las partes.
Desde la Fundación Teatre Principal explican que ya esperaban que las constructoras emprendieran alguna acción legal al respecto, pero que eso no les inquieta. Es más, ayer mismo, el secretario municipal del Ayuntamiento Inca y también de la Fundació Teatre Principal, se encontraba reunido con el abogado contratado con el objetivo de interponer una demanda contra la UTE por los "daños y perjuicios causados por el abandono de las obras", precisó el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, quien preside la fundación.
Cabe explicar que el Teatre Principal de Inca fue adquirido en 1999 por los tres socios que forman la mencionada fundación. Los patronos son: el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca y el propio Ayuntamiento de Inca.
Términos
El secretario y el letrado analizaron ayer los términos en que se debía presentar la demanda puesto que la reclamación se verá reducida, merced a que se ha conseguido recuperar la hasta ahora perdida subvención de los fondos Feder (3,09 millones de euros).
Según explica el alcalde, "lo que se reclamará ahora es la mora y otros posibles daños que se cuantifican y que podrían ascender a casi un millón y medio de euros". Quedan por evaluar también algunos trabajos de la UTE que aún no han sido liquidados.
La UTE Teatre Principal abandonó las obras de rehabilitación de forma unilateral en el mes de octubre de 2014. Solicitaba un aumento económico aduciendo que en el transcurso de los trabajos habían aparecido trabajos extraordinarios, necesarios para la seguridad del edificio. No obstante, ni los redactores del proyecto ni la dirección de obras estaban de acuerdo en la pretensión económica de las constructoras, lo que provocó el abandono de los trabajos. En la actualidad, se ha convocado un nuevo concurso para finalizar la rehabilitación con un total de 16 postores.