La Audiencia Provincial ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 9 de Palma que admita a trámite una querella presentada contra la actual directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell, un ex teniente de alcalde de Calvià y dos funcionarios del Ayuntamiento, entre otras personas, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación de funcionario público durante la tramitación de la licencia de una gasolinera low cost en el polígono de Son Bugadelles.
La Audiencia solicita que se lleven a cabo las "diligencias pertinentes" para aclarar los hechos. En esta fase preliminar, se informará a estas personas de su condición de querellados y se podrán aportar pruebas, llamar a testigos y solicitar declaraciones de los denunciados, lo que equivaldría a su imputación formal. Entre los querellados, figuran también dos socios de la empresa.
En el caso de Carbonell, la parte querellante -una compañía de estaciones de servicio- sitúa su intervención en el año 2014, antes de que ocupara la dirección general del Govern, haciendo gestiones en sede consistorial en representación de la empresa Buga 2000. Así consta en un escrito registrado en sede consistorial el 3 de julio de 2014.
En este escrito, Carbonell, que antes de ser alto cargo del Govern fue la presidenta de la Asociación de Restauración Mallorca y también trabajó en el Consistorio calvianer, pedía conocer las alegaciones que se habían presentado contra la apertura de la gasolinera low cost y cuál era el procedimiento para subsanarlas.
Rechazo en primera instancia
En un primer momento - el 29 de julio de 2016-, el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma rechazó la querella, al considerar que la posible repercusión judicial de los hechos debían dirimirse en todo caso en la esfera administrativa y no en la vía penal.
El querellante recurrió esta decisión, porque defendía que debía hacerse al menos una investigación sobre los hechos, que, según argumentó, podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Sin entrar en más consideraciones, en una resolución del pasado 15 de mayo, la Audiencia comparte la postura del denunciante. Este órgano judicial pide que en esas diligencias se aclare por qué los informes favorables a las licencias de obras y actividades realizados en 2014 por el ingeniero del departamento de Actividades y por otro funcionario del área jurídica no tuvieron en cuenta un dictamen previo del arquitecto municipal, que era contrario a la instalación de una estación de servicio.
En ese último informe sobre la viabilidad urbanística del proyecto presentado, que data del 4 de diciembre de 2013, el arquitecto municipal recordaba que la normativa estatal determina que en los polígonos donde ya exista una gasolinera "no será posible la instalación de otras si no están previstas expresamente en el planeamiento urbanístico".
En este sentido, el arquitecto señalaba que el plan general de Calvià, por norma, prohíbe la instalación de estaciones de servicio en suelo urbano, por lo que, concluía, no se podía autorizar.
Entre los querellados, figuran el que fue teniente de alcalde de Comercio en la pasada legislatura, Manuel Grille, así como el que era ingeniero municipal y otro funcionario del departamento jurídico. indicabaque el ordenamiento urbanístico de Calvià prohíbe la instalación de gasolinera en suelo urbano. Y agregaba que
