Los policías municipales y los cargos electos que los gobiernan y algunas veces tutelan, se aman y odian por igual, sin que ello comporte el hallazgo de un punto intermedio equidistante que lo atempere y normalice todo. Es una relación inestable, con muchos altibajos que acostumbra a plasmarse en pulso permanente, reivindicaciones constantes, demasiados intentos de manipulación política y movilidad continua. Así, la eficacia no halla uniforme para ponerse.
No nos referimos tanto a los nada despreciables escándalos de corrupción de lugares como Palma, sino a las tensiones que saltan a la vista por cuestiones estrictamente profesionales o de interferencias entre lo laboral y lo político. Ahora que el exalcalde y policía de Sant Joan, Pablo Pascual, aspira a presidir el PP de Palma, viene a cuento recordar que la connivencia entre poder y policía no garantiza siempre una buena convivencia. Manacor tiene estructurada su Policía con criterios estrictamente políticos y por otro lado, son sonados los casos de inspectores de distintos municipios que aspiran a ejercer de alcaldes en la sombra. "Chantaje" lo llama Joan Monjo, de Santa Margalida.
Ya no es que el policía que siempre se considera mal pagado y sabe negociar con las horas extras, tenga dificultades para ejercer de saig en sentido pleno del término, ocurre también que sobran los intentos de usar al agente como mero recadero del político de turno.
José María Rodríguez quiso cuerpos de seguridad y el Govern actual aboga por una profesionalidad en sentido más local y próximo. En el tránsito entre lo uno y lo otro han mermando las plantillas y la capacidad municipal de atender las nóminas o la demanda de un ciudadano que siempre quiere al agente cerca. No se presume una normalidad estable en el común de la policía local.
