Frente a la reserva de un espacio para ser acotado como zona verde de uso público se presentan, por regla general, dos comportamientos que no son complementarios ni compatibles por necesidad y que más bien reflejan el choque de intereses entre lo público y lo privado. Un solar para el propietario antes que un bien para legar al municipio es una oportunidad de negocio con un interlocutor de poca resistencia.
Desde el ángulo del beneficio colectivo está la utilidad de un lugar marcado por la ley como obligatorio y liberado de construcción entre la estructura urbana de la población en cuestión pero, por otro lado, está más que demostrado que casi siempre la propiedad aspira a recibir indemnizaciones a precio de oro por el terreno que se ve obligada a entregar. También, que muchos ayuntamientos acostumbran a ser condescendientes con estas aspiraciones. La polémica y la controversia suelen ser permanentes en este sentido. De ahí que el Jurado Provincial de Expropiación tenga mucho trabajo.
El foco de la actualidad se proyecta ahora sobre Santanyí. El gobierno del PP se complace porque "solo" deberá abonar 6,4 millones de euros por dos solares para zona verde en Cala Figuera cuando la propiedad reclamaba unos 18. Pero resulta que una primera tasación municipal dejaba cada uno de estos solares en 205.000 euros.
La oposición se ha indignado al comprobar que el Ayuntamiento ni siquiera se molestó en recurrir, una pasividad que se repite por lo que respecta a otra zona verde, junto al instituto de Santanyí, el llamado solar de las hermanas Barceló, que se ha saldado con un arbitrio de cuatro millones. Lo acepta un Ayuntamiento que alardea de tener las arcas saneadas pero esto no le autoriza a manejarlas con despilfarro. Porque es el dinero de todos y su buen uso es cuestión de responsabilidad.
