La debilidad también se controla y castiga en términos administrativos. Por eso mismo el más frágil y vulnerable siempre paga y padece primero. Cuando la crisis y el despilfarro, todo hay que decirlo, abrieron paso a las telarañas en las arcas públicas apareció, como una de las primeras medidas a aplicar, la llamada ley Montoro para limitar la capacidad de gasto y endeudamiento de las corporaciones locales. Más que recuperar liquidez, con ello se pretendía aminorar el déficit galopante y tener menos agraviada a la UE. La política monetaria continental en perjuicio, en muchos casos, de la necesidad o conveniencia más urgente del ciudadano.
Los ayuntamientos han cumplido. Sea por convicción o por imperativo legal se han hecho cargo de la situación y miran por donde se les escapan los euros antes de desprenderse de ellos. De este modo, en Balears disponen hoy de 374 millones, sea en cuentas bancarias o en superávits contables dependientes de transferencias de instancias superiores. Pero la ley Montoro les mantiene maniatados. Han mejorado de forma sensible su recaudación pero no pueden invertir ni siquiera por necesidad. Si triste es no poder gastar lo necesario por falta de dinero, tampoco resulta gratificante no hacerlo por la imposición de dejar las existencias en caja con el único objetivo de que los números globales aparezcan más equilibrados para un maquillaje teórico que no se corresponde con la necesidad inversora municipal.
Los ayuntamientos tienen la competencia de atender los servicios públicos más inmediatos con una cercanía que también les fuerza a suplir competencias de otras instancias. La ley Montoro les obliga ahora a hacer mayores equilibrios y sobrevivir en un estado de mayor frustración y una impotencia que hasta les impide actualizar plantillas laborales.
