Miles de inmuebles de varios municipios de Balears siguen sometidos al proceso de regulación catastral, después de que la dirección general del Catastro publicara el 22 de febrero y el 30 de diciembre de 2016 en el BOE la incorporación de Pollença, Sóller, Formentera, Deià, Llucmajor, Marratxí y otros 23 municipios al Plan de Regularización Catastral para localizar construcciones no declaradas o declaradas de forma incorrecta en estos últimos años.

El objetivo es adecuar la concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria, según informa en un comunicado Impuestalia, empresa dedicada en exclusiva a la optimización impositiva tanto en el IBI como en otros tributos asociados a la tenencia y transmisión de bienes inmuebles.

El procedimiento se inició de oficio el día siguiente de su publicación y será de aplicación hasta el 30 de julio de 2017.

Detección de incidencias

Así, un total de 14.943 inmuebles serán revisados en Pollença, 9.926 en Sóller, 4.227 en Formentera, en Deiá 976 inmuebles, en Llucmajor 26.138 y en Marratxí 18.469. Una vez finalizado el procedimiento los propietarios de los inmuebles en los que se haya detectado alguna incidencia, recibirán las correspondientes notificaciones de las propuestas de regularización, según indica Impuestalia.

Según la directora general de Impuestalia, Carmen Villa, se estima que al menos en el 7% de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir errores en la nueva valoración.

En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, que se "destinará" a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización. Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no comunicadas en los años anteriores.