El consistorio se ve obligado a readmitir al coordinador de riesgos laborales

Salvador Crespí, coordinador de riesgos laborales del Ayuntamiento de Inca, deberá ser readmitido a su antiguo puesto de trabajo en el consistorio y se le deberá abonar íntegro su sueldo y pluses desde el momento en que fue despedido, en septiembre de 2015; lo cual supone, según una valoración de UGT, unos 25.000 euros.

La juez de Lo Contencioso Número 3 de Palma estima que ha existido una desviación de poder por parte del Ayuntamiento al despedir sin justificación al responsable de dicho departamento. Además de ello, la juez indica en su sentencia que, según reconoció la persona designada posteriormente para ese puesto, "ya conocía su nombramiento aún antes de emitirse el decreto de alcaldía para destituir al señor Crespí".

Miguel Ángel Romero, secretario general de la Federación de Función Pública de UGT, indicó ayer que "el Ayuntamiento de Inca ha hecho gala de un obscurantismo total pues no ha facilitado información de este procedimiento ni de otros expedientes laborales similares que estamos estudiando y que, de confirmarse, ya no seguirían el camino de lo contencioso sino que se deberían observar como un presunto delito de prevaricación".

Romero indica que "la propia juez se extraña en su sentencia de que se prescindiera de Crespí sin justificación para colocar a otra persona con menor preparación para el puesto".