25 de diciembre de 2016
25.12.2016
Inca

La sentencia judicial contra el proceso de privatización del agua ya es firme

La empresa que obtuvo la adjudicación ha desistido de recurrir la última sentencia favorable al Ayuntamiento

24.12.2016 | 14:05

El intento de privatización del agua que llevó a cabo el anterior equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento de Inca ya es historia al haber concluido el camino judicial iniciado por la empresa que había resultado adjudicataria del servicio. La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que daba la razón al Ayuntamiento y desestimaba las pretensiones de la empresa ya es totalmente firme después de que esta entidad, Gestió d'Aigües d'Inca SLU, ha desistido de presentar recurso.

De esta manera se cierra un polémico capítulo político iniciado por el anterior equipo de gobierno en el año 2013, cuando decidió externalizar la gestión del suministro de agua potable en contra del criterio de la oposición compuesta por los mismos partidos que ahora gobiernan el ayuntamiento 'inquer'.

Finalmente, el PP cedió a las presiones de los partidos y dio marcha atrás al proceso después de haber adjudicado el servicio a la empresa Gestió d'Aigües d'Inca SLU, que denunció esta decisión municipal en los tribunales.

Una sentencia del TSJB de este mismo año daba la razón al Ayuntamiento, pero la adjudicataria decidió recurrir al considerar que tenía derecho a asumir el servicio de agua. El recurso presentado por los servicios jurídicos de la citada entidad mercantil solicitaba además que se anulasen las anteriores resoluciones contrarias a sus intereses al considerar que la renuncia del Ayuntamiento a externalizar el servicio de agua potable carecía de motivación por razones de interés público y porque la institución municipal habría incumplido sus "obligaciones legales de abstenerse de promover nuevas licitaciones en tanto subsistan las razones que alegó para renunciar al contrato", entre otros motivos que, según el recurso, no se ajustaban a derecho.

Sin embargo, el pasado mes de octubre el TSJB desestimó el recurso de apelación de la empresa adjudicataria al considerar que el acuerdo plenario del ayuntamiento de Inca se ajustaba a derecho y se llevó a cabo de forma correcta. El tribunal impuso las costas del juicio a la empresa recurrente.

El actual equipo de gobierno mantiene el servicio público y ha anunciado que llevará a cabo diversas inversiones para mejorar la red de abastecimiento.

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