La Fiscalía ha pedido una condena de 6 años de prisión y el Ayuntamiento de Artà de 4 años y medio para la funcionaria acusada de malversación por apropiarse de dinero procedente de sanciones urbanísticas, mientras su defensa ha pedido la absolución porque niega que haya ningún delito.
En las conclusiones finales del juicio que ha finalizado hoy en la Audiencia de Palma, el fiscal ha pedido al jurado un veredicto de culpabilidad para la funcionaria por quedarse unos 65.000 euros, ya que considera que "ese dinero desapareció" y estaba a cargo de la acusada.
En nombre del Ayuntamiento de Artà, la letrada Xisca Mas, ha pedido que la funcionaria sea condenada porque no han aparecido 32.588 euros que ella cobró por parte de infractores y que no fue ingresado en ninguna de las cuentas bancaria del consistorio. "Está claro que ella cobró y el dinero no está en el banco", ha afirmado.
Por su parte, el abogado defensor de la funcionaria, Jaime Campaner, ha recordado al jurado que los peritos que han analizado los datos del ayuntamiento consideran que no se puede decir sin ninguna duda que el dinero que reclaman no esté en las arcas municipales, una conclusión que ha calificado de "lapidaria" y que considera que supone que "se acabó el juicio".
El defensor ha destacado ante el jurado que la funcionaria no niega que haya recibido ese dinero de los que pagaron las multas, ni que existan recibos. "Lo que negamos es la duda de que el dinero falte y sobre todo que ella se lo haya quedado", ha afirmado y ha insistido en que el hecho de que lo cobrado se quedara semanas en un cajón es negligente o imprudente pero no delictivo.
