El gobierno municipal de Calvià (PSOE-Sí Se Puede) sigue estudiando la viabilidad de la remunicipalización del servicio de agua que hasta 2010 prestaba la empresa pública Calvià 2000, pese a una sentencia judicial que confirma la legalidad de esta decisión adoptada en época del alcalde Carlos Delgado (PP).
La resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma rechazó el recurso presentado por el sindicato CGT y el anterior líder socialista local, Antoni Manchado, que alegaron que ni el cambio de gestión ni la duración del contrato (50 años) estaban debidamente justificados. Los recurrentes advertían también de que las bases del concurso, que se acabó llevando la empresa Hidrobal, suponían un "quebrantamiento del equilibrio económico", además de no respetar los derechos de los trabajadores.
En la sentencia, el juez entendió que el cambio de gestión sí que estuvo argumentado en la memoria justificativa de la licitación. Entre las razones que dio el Consistorio, figuran la importancia de garantizar una modernización "permanente" del servicio, así como la necesidad de "financiación privada para mantener el esfuerzo inversor como consecuencia de la crisis económica".
Respecto a la duración de la concesión, el magistrado consideró que el contrato requería "importantes inversiones", cuya amortización implicaba bastantes años de actividad. "Es más, el interventor municipal de Calvià 2000 añadió que, si no se hacía por esta duración [50 años], las tarifas del agua tendrían que subir", argumentó el juez. La resolución aceptó que es "legítimo" el debate sobre la mejor manera de gestionar el servicio público de agua, "tan esencial", pero consideró que la administración municipal del PP sí que aportó una serie de razones en apoyo de la tramitación del expediente licitador.
Edil no adscrita
En uno de los últimos plenos municipales, los miembros de la corporación fueron informados de que esa sentencia ya es firme. El Ayuntamiento no presentó ningún recurso, como puso de manifiesto en un debate plenario reciente la edil no adscrita, Isabel Manresa, quien pidió explicaciones por ello.
Fuentes municipales aclararon después que, si el Consistorio no ha presentado recurso, es por razones jurídicas, ya que la propia administración municipal era objeto de la demanda que se interpuso. Sin embargo, continuaron esta fuentes, el equipo de gobierno progresista "sigue sin estar de acuerdo con la privatización que se tomó en su momento".
En este sentido, el Ayuntamiento informa de que en la actualidad está revisando y auditando el contrato que se adjudicó. Un proceso en el que cuenta con el asesoramiento de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas).
Precisamente, el Consistorio y Aeopas organizarán el próximo 16 de noviembre, en el Hotel Barceló Illetes Albatros, una jornada con el título La gestión del ciclo urbano del agua: retos y propuestas, en la que se analizarán los distintos modelos de gestión.
