El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March (Junts Avançam) decidió suspender 'in extremis' y contra todo pronóstico el pleno extraordinario urgente previsto para ayer a mediodía después de que su socio de gobierno, el regidor de Unió Mollera Pollencina (UMP), Andrés Nevado, comunicara su intención de no apoyar la medida principal que debía ser debatida: subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los inmuebles no residenciales con valores catastrales elevados, básicamente hoteles y grandes superficies comerciales.
La medida que finalmente no será aprobada por falta de apoyos en el pleno municipal (los dos ediles de Alternativa que hubieran apoyado la iniciativa no son suficientes para lograr la mayoría) afectaría al 0,6 por ciento de los edificios urbanos del municipio (unos noventa inmuebles), a los que se aplicaría un gravamen del 0,7 por ciento.
Detrás de la decisión del regidor 'mollero' se sitúa la alargada sombra del 'lobby' hotelero, cuyos representantes se habían reunido esta semana con UMP para expresar su oposición a la aprobación de una medida fiscal que consideran contraria a sus intereses. El propio Andrés Nevado admitió ayer que "hoteleros y empresarios" con los que se ha reunido esta semana "no ven justa esta subida del IBI porque afecta a sus empresas, que son las que emplean a más trabajadores del municipio".
El regidor de UMP aseguró que se mantendrá "inflexible" en su postura contraria a la subida impositiva porque "el Ayuntamiento no tiene problemas de ingresos" y añadió que su partido "es de gestión y no de ideologías políticas".
Por su parte, el alcalde Miquel Àngel March lamentó la suspensión del pleno, cuya urgencia venía justificada en la necesidad de aprobar la medida antes de fin de año para su aplicación en 2017. "Era un compromiso del pasado año y una medida que se ha aprobado en Palma y otros municipios", defendió. March explicó que el equipo de gobierno pactó la iniciativa la pasada semana "y el regidor de UMP estaba de acuerdo, aunque al final la asamblea de este partido no ha aceptado una modificación claramente progresista".
El regidor defendió la medida impositiva porque la Ley "la permite" y porque las diferentes inversiones municipales en las zonas turísticas "implican un incremento de la recaudación". March señaló que la medida "era buena" para mejorar las aportaciones a las arcas municipales y ejecutar las inversiones necesarias. Aseguró que el Ayuntamiento pretendía "nutrir" una nueva línea de ayudas al alquiler "con un impuesto que grave las grandes propiedades", por lo que ahora deberán buscarse otras líneas de financiación para esta iniciativa social que, según March, será presupuestada en 2017.
