15 de septiembre de 2016
15.09.2016
Sóller

El Consistorio deberá avanzar un primer pago de 1,7 millones por el Infante Lois

Los propietarios del campo de deportes expropiado han solicitado el cobro del llamado 'límite de conformidad'

15.09.2016 | 01:36
Imagen de las instalaciones del Infante Lois.
Los servicios económicos del ayuntamiento de Sóller están estudiando la fórmula con la que el Consistorio deberá hacer frente a un primer pago de 1,7 millones de euros por la expropiación forzosa del campo de deportes Infante Lois. El Jurado Provincial de Expropiación cifró el valor de los terrenos en 6'9 millones.

El concejal de Hacienda, Josep Lluís Colom, explicó que los propietarios de los terrenos han solicitado el cobro de la fracción denominada "límite de conformidad" de lo que es el valor final de la expropiación. En este caso, el límite de conformidad asciende a 1,7 millones. El escrito fue presentado hace unos días al registro municipal, por lo que el Ayuntamiento "deberá estudiar si es viable o no el pago de esta cantidad y cuál es la fórmula que se deberá seguirse para hacerlo", señaló el concejal, quien destacó que "tanto los propietarios como el Ayuntamiento estamos abiertos a seguir negociando". A pesar de ello reconoció que el abono de estos 1,7 millones deberá realizarse de forma inexorable.

Días atrás, representantes de la propiedad y del Ayuntamiento mantuvieron un primer contacto tras la resolución dictada por el Jurado de Expropiación el pasado 22 de julio. Colom afirmó que "las dos partes estamos predispuestas a negociar un acuerdo satisfactorio para ambas" y que la propiedad "no ha cerrado ninguna puerta a ello". El Ayuntamiento quiere negociar compensaciones urbanísticas con los dueños del Infante Lois con el fin de reducir el pago en efectivo que tendrá que hacerles por la expropiación forzosa de los terrenos del Port de Sóller.

Con una superficie de 18.000 metros cuadrados, el Infante Lois es un complejo deportivo situado en pleno centro del Port de Sóller. El Ayuntamiento lo catalogó como equipamiento en su Plan General de 1998, algo que le obligaba a expropiarlo en un plazo de cinco años. Los propietarios acudieron en 2014 al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa tras 16 años de espera y reclamaron una indemnización de 7'3 millones de euros.

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