El director general de Energía y Cambio Climático del Govern balear, Joan Groizard, se reunió ayer con el alcalde de Llucmajor, Jaume Tomàs, la portavoz de la plataforma Alta Tensió Llucmajor, Marta Urbina, y la ingeniera-asesora Maria Antònia Moyà. Groizard confirmó de nuevo que resulta de lo más complicado frenar el polémico proyecto de instalar 110 torres eléctricas de 40 metros de altura, contempladas por Red Eléctrica de España en un trazado comprendido desde las inmediaciones de la subestación de la ciudad de Llucmajor, cruzando la Marina (donde ya se ha construido la nueva subestación en el Camí de l´Àguila) y llegando a bordear el litoral, hasta s´Arenal.

Diario de Mallorca ya informó el día 4 del pasado agosto que el Gobierno central reafirma que las controvertidas 110 torres son estratégicas y, de hecho, contempladas en la Planificación eléctrica estatal y el Pla director sectorial energètic de les Illes Balears, habiendo obtenido la pertinente luz verde medioambiental, concretamente en la pasada legislatura.

Se teme que judicializar el caso, ya sea a iniciativa de la plataforma u otro organismo, pudiese conllevar indemnizaciones millonarias para REE en caso de que no prosperasen sus recursos de última hora. La colocación de las torres está ahora pendiente del proceso de notificación de las expropiaciones (voluntarias o forzosas). Aún se alberga la esperanza de que una alternativa a Rajoy en Madrid pudiese paralizar y descartar tan polémica actuación.

La plataforma califica de "drama energético" la situación y de "inmoral" el derroche de dinero público. Intensificará su campaña de presión y concienciación. "La Marina está sentenciada, se convertirá en un polígono", advierte.