El teniente de alcalde de Servicios Generales y Seguridad de Calvià, Andreu Serra (PSOE), firmó ayer una resolución por la cual suspende provisionalmente de funciones al mayor de la Policía Local, José Antonio Navarro, que figura como imputado en el sumario que investiga un presunto entramado de corrupción en los cuerpos policiales de Calvià y de Palma. En la actualidad, Navarro estaba de baja médica, aunque su reincorporación al puesto de trabajo parecía inminente, según señalaron fuentes municipales.

La decisión del gobierno municipal se produjo el día después de que trascendiera que el juzgado de instrucción número 12 de Palma ha impuesto a Navarrro y a los ex jefes de la Policía Local de Palma Joan Mut y Antonio Morey unas medidas cautelares de alejamiento. En el caso de Navarro, esas medidas implican que no podrá acercarse al cuartel de la Policía Local de Calvià (en Son Bugadelles) ni a la sede del Ayuntamiento de Calvià vila ni a la calle Punta Ballena ni a la plaza Pitiüses de Magaluf.

Para justificar que hayan pasado casi dos años para suspender a Navarro, quien fue detenido en septiembre de 2014 y posteriormente puesto en libertad con cargos, el Ayuntamiento informa de que hasta ahora no podía interponer ninguna medida cautelar, puesto que "se encontraba en situación de baja médica".

"Una vez finalizado este periodo, y al ser inminente su reincorporación a su puesto de trabajo, se informó al juzgado", detallaron desde la administración municipal. Esta resolución del Ayuntamiento se ha trasladado tanto al interesado como al juzgado de instrucción número 12 de Palma. Navarro pasó casi mes y medio en prisión, al estar acusado de formar parte de una trama en la Policía Local de Calvià que supuestamente habría dado un trato de favor a determinados empresarios de la noche de Magaluf, en detrimento de otros.

Junto a él, fueron arrestados también otros dos agentes del cuerpo policial, que después fueron puestos en libertad. La orden judicial de alejamiento hace una mención expresa a que Navarro no podrá acercarse a menos de 300 metros de Punta Ballena, que es la principal arteria de ocio nocturno de Magaluf y que aparece como el escenario principal de las presuntas ilegalidades.

Una de las operaciones policiales que están bajo el escrutinio judicial es una redada en un local. Se investiga en este caso si hubo agentes que colocaron droga en el interior del establecimiento, con el objetivo de extorsionar al propietario. Otro de los hechos que deberá dilucidar la justicia es si el ex jefe policial de Calvià recibió comisiones clandestinas por parte de propietarios de locales, a través de la gestoría que controlaba.

Como recuerda la resolución de Alcaldía por la cual se adoptan las medidas cautelares de suspensión de funciones, el juzgado de instrucción número 12 imputa a Navarro los siguientes delitos: prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de información privilegiada, contra la salud pública y asociación ilícita.