El pleno ordinario del Ayuntamiento de Muro aprobó, con nueve votos a favor y cuatro en contra, un plan económico financiero para el próximo ejercicio de 2017, después de que a finales de julio el interventor accidental del Consistorio informara que el equipo de gobierno había incumplido con el déficit financiero durante 2015.
Dicho informe pone de manifiesto la existencia de un déficit financiero de 1.104.203 euros así como un incumplimiento de la regla de gasto por un importe de 1.250.054 euros, siendo necesaria la elaboración de un plan para presentar a Madrid.
La oposición criticó haber tenido que llegar a esta situación por el incumplimiento de la Ley estatal 2/2012, más conocida como ley Montoro, pese a estar todos de acuerdo con el alcalde Martí Fornés, que "esta ley tan solo perjudica a los Ayuntamientos que han hecho bien sus deberes, conteniendo o cancelado su deuda, y imposibilitando el uso de los ingresos pese a tener necesidades".
El edil Rafel Gelabert, portavoz de UIM, por su parte, expuso que parte de "esta situación se debe a la adquisición de la nave industrial del polígono de manera improvisada y las modificaciones de crédito de gastos corrientes, ya que en el mes de septiembre del pasado año ya se habían agotado", además de mostrarse en contra, tal y como expuso el interventor, de la existencia de 214.254 euros de gastos del ejercicio 2015 sin partida presupuestaria.
Criticas
Martí Siquier, del PSOE, también fue muy crítico y aunque no quiso defender la Ley Montoro, se mostró "avergonzado porque un ayuntamiento solvente y sin deuda, como el de Muro, tenga que precisar de un plan de equilibrio presupuestario por el mal uso que se ha hecho del remanente de tesorería y el imcumplimiento de la ley".
Finalmente Més, apuntó que "el ayuntamiento no tenía porque cancelar la totalidad de la deuda de la compra de la nave industrial, puesto que manteniéndola se hubiera podido utilizar el remanente para invertirlo en Servicios Sociales y paliar los efectos de la crisis".
