El ayuntamiento de ses Salines impulsa una iniciativa para que las arcas públicas no sufran severos varapalos por cuestiones de zonas verdes expropiadas. El pleno extraordinario de este mes de agosto aprobó de forma inicial una modificación puntual de las normas urbanísticas locales a fin de poder autorizar bares y quioscos en determinadas zonas verdes. El Consell de Mallorca debe decidir si autoriza este cambio promovido por el equipo de gobierno Endavant-El Pi.
El alcalde, Bernat Roig (Endavant), justifica la iniciativa por las consecuencias que conllevan diversos procesos de expropiaciones de zonas verdes, muy a menudo costosos y judicializados. La intención es convocar concursos públicos para varias zonas verdes seleccionadas de acuerdo a criterios como la ubicación, idoneidad, etc. Se permitirían pequeños bares y quioscos, cuidando aspectos como la calidad, estética respetuosa con el entorno, horario limitado para la actividad, responsabilidad de mantenimiento y limpieza a cargo de los explotadores, etc. El objetivo es "recuperar el dinero desembolsado y a su vez garantizar el buen estado de dichos espacios".
Entre las zonas verdes de la Colònia que el consistorio estudia la posibilidad de que puedan acoger bares y quioscos figuran la más conocida situada cerca del acuario (ante el restaurante Can Pep Serra y prácticamente en la misma playa), la plaza Pou d'en Verdera y la Bassa d'es Cabots, entre otras. Mientras que en el pueblo de ses Salines sobresale la zona verde de las Escoles Velles (junto a los juegos infantiles). Roig admite que existen cuatro procesos de expropiaciones de zonas verdes: en uno ya se ha llegado a un acuerdo, en otro el Ayuntamiento sabe que tendrá que asumir un gasto importante y en otros dos aún tienen que comenzar las negociaciones.
En cuanto a la zona verde existente entre el acuario y la playa del puerto (superficie de alrededor de 2.000 metros cuadrados), las demandas de los diferentes propietarios representaban una suma total superior a los dos millones de euros. Finalmente, el consistorio ha conseguido una considerable rebaja económica al ofrecer la posibilidad del pronto pago.
De hecho, en julio, el consistorio anunció que concertaría un préstamo de 1,3 millones para expropiar varias zonas verdes. El alcalde Roig lamentó este problema: "Es injusto que nos toque a nosotros, al nuevo pacto Endavant-El Pi, puesto que es un problema que no hemos creado. En cualquier caso, es un acto de responsabilidad ejecutar las sentencias y procurar que no se sumen más intereses y graves perjuicios para las arcas municipales".
Cabe tener en cuenta que cada zona verde presenta particularidades propias, y el consistorio dirigido por Roig busca resolver los problemas y alcanzar acuerdos con los propietarios afectados con el máximo sentido común.
