La controvertida pretensión de la conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear, de prohibir la pesca submarina en la Reserva Marina de Llevant está provocando un in crescendo malestar general entre todos los colectivos afectados. Y ya ha habido reacciones y anuncios de acciones diversas. Según ha podido saber Diario de Mallorca, en una reciente reunión se acordó poner en marcha "una importante recogida de firmas" para poder presentar a la Conselleria. Asimismo, se contratan servicios de un despacho de abogados para poder iniciar "todas las acciones legales necesarias" para defender los derechos de este colectivo.
Hace unas pocas semanas, este periódico informó de la presentación de alegaciones por parte de los ayuntamientos de Capdepera y Artà a la modificación del Decreto que está preparando la Conselleria dirigida por Vicenç Vidal, por el que se cambiarían los usos y las actividades autorizadas en el interior de la reserva (creada en 2007). Sobresale que mediante estos polémicos cambios se prohibiría la pesca submarina.
Además de los consistorios gabellí y artanenc (sus alegaciones tienen matices diferentes), también han presentado alegaciones federaciones, asociaciones, propietarios de tiendas de venta de artículos de pesca recreativa y otras entidades.
Una parte relevante del colectivo de pescadores submarinos celebró recientemente en Palma una reunión para organizar un frente de actuación común de todo el sector para defender sus derechos.
A dicho encuentro acudieron cerca de un centenar de personas: presidentes de clubes oficiales, propietarios de tiendas y talleres que ven peligrar la continuidad de sus empresas y los puestos de trabajo, principalmente.
Los asistentes estaban a favor de las reservas marinas y consideraban que la sostenibilidad de las mismas se debía conseguir a través de una menor presión de todos los colectivos, tanto profesionales como recreativos. En este sentido, veían con buenos ojos "apretarse el cinturón" para este fin, pero todo ello "tiene que hacerse por la vía del consenso y sin discriminaciones ni exclusiones". Precisamente el alcalde del ayuntamiento de Artà, Tolo Gili, aboga por el diálogo entre todos, técnicos, juristas, pescadores, empresarios, etc. Mientras que el ayuntamiento de Capdepera reclama consenso, criterios técnicos e igualdad de trato respecto al resto de reservas de la isla.
