La comisión balear de Medio Ambiente aprobó ayer por unanimidad, con la única excepción del representante de la Felib, avalar la propuesta de evacuar las aguas de la futura depuradora de Can Picafort mediante el emisario soterrado que había propuesto el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La resolución de la comisión, que no es vinculante ya que la última palabra es de Madrid, se decanta por la solución del emisario construido mediante la técnica de perforación dirigida en contraposición al emisario convencional en superficie que figuraba en el primer anteproyecto y que también había sido avalado por la comisión medioambiental hasta en tres ocasiones desde el pasado año 2009.

Asimismo, este organismo dependiente del Govern volverá a transmitir a Madrid la necesidad de estudiar fórmulas para reutilizar una parte de las aguas tratadas para el riego de zonas ajardinadas o para crear barreras contra la intrusión salina, una petición ya formulada por la conselleria de Medio Ambiente el pasado mes de marzo.

Tal y como publicó este diario hace dos semanas, el Ministerio apuesta por la construcción de un emisario soterrado por la "nula afectación sobre el fondo marino" que plantea esta fórmula, a pesar de que las obras implicarán la ocupación de unos 2.000 metros cuadrados de costa en Son Bauló y también en Alcúdia.

La decisión de la comisión balear de Medio Ambiente disgustó ayer al ayuntamiento de Santa Margalida, que no desea la construcción de una nueva depuradora en Can Picafort. El teniente de alcalde Joan Monjo, presente en la reunión, volvió a amenazar al Govern con recuperar la gestión municipal del tratamiento de las aguas sucias actualmente cedidas a Abaqua. "No utilizaremos la nueva depuradora, si llega a hacerse, porque tenemos mejores soluciones como la posible ampliación de la estación depuradora de Santa Margalida, que además nos serviría para regar los cultivos que están situados en el entorno", explicó Monjo.

Además, el teniente de alcalde añadió que la construcción del emisario en la playa de Son Bauló también afecta a los municipios vecinos de Muro, Artà y Alcúdia. "Entendemos que, antes de tomar cualquier decisión, el Ministerio debería pedir opinión a los ayuntamientos de estos municipios", señaló Monjo.