El pleno del ayuntamiento de Son Servera celebrado anteanoche tuvo que tratar de urgencia la expropiación forzosa de los terrenos de la plaza Eureka de Cala Millor, propiedad de Magdalena Vives Sard. El motivo es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), por la que se condena a pagar al consistorio serverí 732.000 euros.
El caso, que lleva 24 años en litigio entre las partes, obligaba a la alcaldesa socialistas, Natalia Troya, a dar lectura a la sentencia en el pleno, para que todos los miembros de la corporación quedaran informados. De momento el Ayuntamiento tendrá que pagar en el plazo de seis meses dicha cantidad y esperar que el recurso interpuesto prospere y les permita, más adelante, recuperar dicha cantidad, siempre y cuando se falle el recurso a su favor.
Los hechos se remontan a 1988 cuando Jaume Vives, propietario del primer hotel de Cala Millor, el Hotel Eureka, cede al ayuntamiento de Son Servera, gobernado entonces por el Partido Popular, unos terrenos para la construcción de la plaza del mismo nombre. El cesionario solicita a cambio la instalación de un monolito en recuerdo del pionero turístico de Cala Millor, y en el contrato se estipula que el incumplimiento de su instalación es motivo de rescisión de la cesión, por lo que los terrenos deberían volver al antiguo propietario.
El monolito de la discordia
Fueron pasando los años y alternándose en el gobierno, populares y socialistas, y el monolito no fue instalado. En este tiempo falleció la esposa de Vives, por lo que éste decidió ejecutar la condición resolutoria y recuperar los terrenos. Poco después, el popular Damià Ripoll, llegaría a la alcaldía e instalaría al fin el monolito. Pero de nada sirvió, una vez fallecido el cesionario los herederos siguieron la reclamación de unos terrenos donde el Consistorio ya había construida la oficina de información turística en primera línea de Cala Millor.
Se inició entonces un proceso de expropiación por el cual los propietarios solicitaban una indemnización de 1.553.000 euros, pero que el Jurado Provincial de Expropiación, en septiembre de 2011, lo fijó en 363.724. La decisión fue recurrida ante el TSJB, que en 2015 lo marcó en 732.000 euros.
Mientras tanto el consistorio ganaba tiempo solicitando la titularidad fehaciente de los terrenos a los herederos de Jaume Vives, que no logran aportar ningún título fehaciente de propiedad. Sin embargo en esta última sentencia, el TSJB deja claro que desde el principio el Consistorio aceptó la cesión sin solicitar la titularidad y que durante estos años de litigio el Ayuntamiento no ha alegado nada al respecto, por lo que entiende que no es el momento de cuestionarlo ahora y condena al pago de los 732.000 euros a la heredera, Magdalena Vives Sard.
