Calvià no quiere quedar al margen de los beneficios económicos que se atribuyen al turismo de cruceros, tan en auge en los últimos años. Pese a que el municipio no cuenta con ningún puerto comercial, el Ayuntamiento se comprometió ayer a realizar las gestiones oportunas para aprovechar de alguna forma este flujo de turistas, que hasta ahora se concentra sobre todo en Palma.

Esta propuesta presentada por el PP la ratificó ayer el pleno municipal, con el apoyo del PSOE, Esquerra Oberta y Ciudadanos. Sí Se Puede Calvià (SSPC), que forma parte del equipo de gobierno, se abstuvo, recordando el impacto medioambiental en el Mediterráneo de este tipo de grandes embarcaciones.

La moción popular apostaba por que el Consistorio solicite formalmente participar en el plan estratégico para el desarrollo de turismo de cruceros. "Tenemos mimbres para ser un municipio atractivo para los miles de cruceristas que llegan a Palma", dijo el portavoz del PP, José Manuel Ruiz. El argumento lo compartió el regidor de C´s, Carlos Tarancón, que remarcó que diversificar el flujo de turistas ayudaría también a descongestionar el centro de Palma, lo que genera continuas quejas vecinales.

Desde Esquerra Oberta, Alfonso Rodríguez Sánchez se preguntó si la oferta de Calvià casa con la demanda del turismo de cruceros, de corta estancia y que busca sobre todo sitios para comprar. "No sé qué le podríamos ofrecer", dijo. Por su parte, el teniente de alcalde Turismo, Antonio García Moles (PSOE), se comprometió a realizar gestiones para que el municipio se pueda beneficiar de este segmento de mercado.

Viviendas sociales

Otro de los puntos que salió adelante en el pleno de ayer fue la aprobación inicial de una ordenanza para regular el uso de "pisos de emergencia social", por parte de familias que atraviesen una difícil situación económica. García Moles informó de que el Ayuntamiento dispone de una bolsa de 12 viviendas de protección oficial sin ocupar en las distintas promociones ejecutadas en el municipio. Los pisos, explicó, se pondrían a disposición de personas en emergencia social por un máximo de seis meses. Por otro lado, también se podrán ofertar por un alquiler social por un periodo de hasta dos años, para familias en dificultades.

La normativa se aprobó por unanimidad, si bien la oposición popular consideró que la tramitación administrativa para acceder a esta ayuda resulta especialmente farragosa.