La empresa de Boris Becker, condenada a pagar 28.900 euros al Bufete Feliu

El tribunal de la Sección Quinta ha estimado así el recurso de apelación que interpuso el bufete contra la sentencia que en primera instancia condenaba a Goatbritge a abonar únicamente 2.472 euros.

La Sala considera acreditado que la cifra a la que finalmente debe hacer frente el extenista corresponde al precio que resta por satisfacer por los servicios profesionales prestados a favor del demandado y que ascendió a un total de 48.925 euros, de los que el despacho de abogados reconoce haber recibido 20.000.

La empresa de Becker se opuso a las pretensiones del bufete alegando que los honorarios que se le reclaman "son excesivos" puesto que "en su mayoría se trata de simples trabajos de gestión" y con el pago de los 20.000 euros iniciales "se cubre el trabajo realmente realizado".

La sentencia de la Audiencia basa asimismo sus conclusiones en la documentación que el bufete presentó junto a su demanda y que "nos obliga a convenir con la argumentación expuesta" por los letrados. La resolución incide en que "ha resultado probada una manifestación inequívoca de voluntad por parte de la demandada de reconocimiento de la deuda que se le reclama".

De hecho, entre los documentos aportados por los Feliu se encuentran varios correos electrónicos de mediados de 2014 en los que el despacho se dirige a Goatbritge para comunicarle que "no podrán continuar proporcionándole los servicios hasta que no se liquiden las cuentas pendientes y se haga un pago a cuenta para futuras gestiones", a lo que la empresa responde que hará frente a los pagos.

"En mi opinión es muy simple: usted ha recibido 20.000 euros y recibirá el resto a finales de año (lo hemos acordado)", contestan literalmente desde la mercantil de Becker.

A juicio del tribunal, el tenor literal del email "no deja lugar a dudas del acuerdo alcanzado entre las partes sobre los honorarios a percibir por la actora por los servicios prestados, y no sólo en cuanto a la forma de pago, sino igualmente respecto del importe concreto facturado, sin que se realizara entonces objeción alguna a que los mismos se consideraran excesivos".

Cabe recordar que el extenista evitó 'in extremis', en junio de 2014, que saliera a subasta la mansión que posee en el núcleo de Son Coll al haber hecho frente minutos antes al pago de 430.351 euros que adeudaba a la empresa que llevó a cabo obras de reforma y mantenimiento en su jardín así como la pavimentación de una pista de baloncesto.

La vivienda fue embargada por el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Palma, que en julio de 2012 le condenó a abonar la cantidad adeudada. Debido a que la empresa titular de la finca, Goatbrige, no acató en su día la sentencia, el Juzgado procedió a embargar la mansión para su posterior subasta.

En concreto, la demanda por estos hechos fue interpuesta el 25 de mayo de 2010 por la constructora Melchor Mascaró -encargada de los trabajos efectuados en la finca- contra Goatbrige, a través de la cual Becker es propietario del chalet. Sin embargo, la demandada se negó a pagar el importe alegando que la vivienda estaba en proceso de venta y que las obras habían sido en realidad encargadas por el empresario Matthias Kühn.

Es más, justificó que una vez vendido el inmueble se abonaría la cantidad adeudada, ofreciendo entonces únicamente el pago de 80.00 euros. El juicio por estos hechos tuvo lugar el 13 de junio de 2012.

Durante la vista oral, el propio Kühn aseguró no recordar que él tuviera que contratar la reforma ni que se impusiera a Melchor Mascaró el acuerdo de que recibiría el pago de sus trabajos verificada la venta de la vivienda. Según manifestó, simplemente se había encargado de poner en contacto a la empresa demandada con la constructora que se encargaría de las obras.

La sentencia por estos hechos relataba cómo Melchor Mascaró no pactó ni aceptó las anteriores condiciones para cobrar los trabajos. Es más, recalcaba que en el caso de que se hubiera acordado el pago diferido de las obras, se haría preciso una prueba clara de este pacto y la aceptación del mismo por parte de la constructora, "única que puede consentir un pago diferido de sus trabajos".

INVESTIGACIONES EN TORNO AL BUFETE FELIU

Se da la circunstancia de que, por su parte, el Bufete Feliu se encuentra bajo investigación judicial en varios procesos penales por estafa, blanqueo y defraudaciones a Hacienda, todo ello en el marco del conocido como caso Relámpago.

La causa, que se ha saldado hasta el momento con varias condenas y acuerdos de conformidad, se centra en la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales y operaciones de blanqueo de capitales, además de dobles ventas de solares urbanizables en Andratx. Las pesquisas han permitido a las Administraciones estatal y autonómica recuperar más de quince millones de euros del dinero defraudado a Hacienda.

Dividida en una decena de piezas separadas, la Fiscalía Anticorrupción activó esta causa en 2007 a raíz del entramado millonario de fraude fiscal urdido por el bufete de abogados Feliu, eje de las investigaciones, con el objetivo de estafar a través de las ventas sucesivas de los mismos terrenos en Cala Llamp (Andratx).

Otro de los hechos indagados fue la supuesta utilización de un paraíso fiscal interior a raíz del uso en Mallorca de sociedades 'pantalla' y 'off shore' que permitían encubrir importantes movimientos de fondos, la titularidad de los mismos y eludir su correcta tributación.

MÁS DE 15 MILLONES DE EUROS RECUPERADOS EN ESTAS PESQUISAS

Cinco años después, las Administraciones han recaudado más de quince millones de euros -entre las cuotas tributarias omitidas, los intereses de demora, las costas y las multas-, a los que se suman el millón de euros que un contribuyente regularizó en el marco del caso y los dos millones que las autoridades británicas han recaudado por la información suministrada en esta causa.

En concreto, sólo la pieza A, que derivó en un acuerdo de conformidad entre las acusaciones, el matrimonio formado por Christian y Martha Monica Hore y el abogado Alejandro Feliu, supuso el pago de 10,6 millones de euros.

Asimismo, la cantante Ana Torroja fue condenada en la pieza Ñ a pagar 1,4 millones de euros a Hacienda en virtud de un pacto por el que la excomponente de Mecano admitió haber defraudado durante los años 2003, 2006 y 2007 un total de 796.410 euros en cuotas del IRPF.

Todo ello dentro de un caso que, instruido por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma a instancias de los fiscales anticorrupción de Baleares, ha visto aflorar distintas inversiones de españoles y extranjeros en el país que resultaban opacas a las autoridades tributarias.

Cabe recordar que la Operación Relámpago arrancó el 26 de abril de 2007, si bien las investigaciones ya habían arrancado meses antes en torno al Bufete Feliu, que se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.