La investigación judicial sobre la existencia de una presunta trama corrupta en la Policía Local de Calvià cobró ayer un nuevo impulso, después de que estallara el caso en septiembre de 2014. Por la mañana, la Guardia Civil acudió a la sede consistorial de Calvià vila para recoger todos los expedientes tramitados por el área municipal de Actividades en los últimos años, una tarea que puede implicar varios días de trabajo en las dependencias municipales.

Anteayer, como parte de estas mismas diligencias, agentes de la Benemérita se personaron también en el cuartel de la Policía Local de Son Bugadelles. Las actuaciones policiales se enmarcan en la investigación que realiza el juzgado de instrucción número 12 de Palma sobre una presunta trama policial corrupta relacionada con tratos de favor a determinados empresarios de la noche.

En 2014, fueron detenidos a raíz de estas pesquisas los entonces jefes de los cuerpos policiales de Calvià y Marratxí, además de dos agentes del municipio de Ponent. Todos ellos están actualmente en libertad. Esta actuación judicial se desarrolla de forma paralela a la que investiga presuntas prácticas corruptas en la Policía de Palma, lo que ha supuesto el ingreso en prisión de más de una decena de agentes.

En el caso de Calvià, la información requerida por el juzgado de instrucción número 12 es amplia. El mandato judicial ha solicitado todas las actas del departamento municipal de Actividades tramitadas entre los años 2008 y 2015. Unas actas que se refieren tanto al otorgamiento de licencias como a expedientes sancionadores.

Dos detenciones

La recopilación de información en el Consistorio se produjo el día después de que dos trabajadores de un grupo empresarial de ocio fuesen detenidos en Magaluf acusados de un delito de coacciones. Ambos relaciones públicas, representados por el abogado Fernando Mateas, pasaron la noche en comisaría y luego fueron puestos en libertad, aunque con una orden de alejamiento.

Uno de ellos ya fue detenido el año pasado. Se le incautó entonces su teléfono móvil, ante la sospecha de que podría estar recibiendo avisos sobre cuándo se iba a realizar una inspección policial. Durante el arresto, únicamente se les inquirió sobre el delito de coacciones del que se les acusaba. En cambio, no se les preguntó sobre la presunta trama de corrupción que investiga el juzgado de instrucción número 12.